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jueves 29 de abril de 2004
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“Hipócrita”, responsabilizar a las víctimas de esos delitos
Asesinatos en Juárez, negación de derechos humanos: ONU

Rafael Maya cimac | México, DF

En México existe un “grave” problema de violencia y negación de los derechos humanos de las mujeres, el cual se refleja en la impunidad de los asesinatos seriales en Ciudad Juárez y la ineficacia de las autoridades judiciales para esclarecerlos, aseguró hoy el jurista internacional Carlos Castresana.

El especialista, quien forma parte de una misión de Naciones Unidas para brindar asesoría técnica en las pesquisas del feminicidio, calificó como “hipócrita” responsabilizar a las víctimas de esos delitos --los cuales deberían perseguirse de oficio, acotó--, y dejar sobre las mujeres la carga de la prueba ante esas vejaciones; e indicó que la legislación penal en Chihuahua está “desfasada” en materia de violencia.

Y criticó que la legislación del norteño estado de Chihuahua no tipifique como delitos graves el rapto, el abuso y hostigamiento sexual, y el estupro, entre otros crímenes que atentan contra la dignidad de las mujeres.

Carlos Castresana dictó una conferencia magistral durante el primer día de trabajos del Congreso Internacional para Apoyar la Armonización de las Legislaciones Locales con los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, que se celebra en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El también fiscal especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción en España, recalcó que en México las mujeres padecen de un “serio problema” de acceso a la justicia, que se evidencia con la ola de asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Apuntó que a nivel internacional el sistema judicial mexicano es juzgado por su incapacidad para resolver el feminicidio. Informó que en la localidad fronteriza con Estados Unidos al menos 100 mujeres jóvenes han sido violadas y asesinadas desde hace 11 años, y que la justicia local tan sólo ha dictado una sentencia, la cual “ni siquiera es firme”, lamentó.

Alertó que ese tipo de violencia de género también tiene altos índices en ciudades como Tijuana, Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal.

El especialista en derecho internacional humanitario hizo un amplio recorrido sobre las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual fue ratificada por el gobierno de México.

Castresana dijo que las autoridades mexicanas han recibido una larga lista de recomendaciones por parte del comité de la CEDAW respecto a temas como falta de adecuación de la legislación a favor de las mujeres, violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, situación de las mujeres indígenas, ilegalidad de la prueba de no gravidez y discriminación laboral, entre muchas otras.

El jurista señaló que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad, y la libertad física y síquica de las mujeres, como base fundamental para acceder a otros derechos.

Advirtió que si el Estado no consigue evitar la violencia de género, debe necesariamente castigarla y reparar el daño a las víctimas sin importar si los agresores son servidores públicos o particulares.

2004/RM/BJ/

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