En un hecho sin precedentes en la región, el gobierno uruguayo dictó una resolución que obliga a los médicos del sector público y privado a brindar asesoramiento a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, a pesar de que el aborto es ilegal en aquel país.

La decisión busca a disminuir el número de muertes por abortos clandestinos, principal causa de mortalidad materna en Uruguay informó en su portal, Mujereshoy.

La resolución es resultado de una inquietud de los propios médicos del principal Hospital de Maternidad del país, el “Pereira Rossell”, donde acuden las mujeres más pobres de Montevideo.

Los médicos advirtieron que a partir del 2001 se registró un considerable aumento en el porcentaje (casi el 50 por ciento) de muertes maternas producidas por infecciones causadas por abortos ilegales.

Margarita Percovich, diputada del Encuentro Progresista Frente Amplio detalló que la Sociedad de Ginecología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina de Uruguay redactaron el manual, “Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de Protección Materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”.

Recordó que desde el año 2002 se buscaba la aprobación del manual por parte del Ministerio de Salud y ante la falta de una respuesta oficial, en el hospital Pereira Rossell, se asumió la responsabilidad para su aplicación.

Ahora, dijo, las medidas deberán ser acatadas tanto en el sector público como en el privado de Uruguay, “la idea es generar un ambiente de confianza entre el médico y la mujer que decide interrumpir un embarazo.

Es necesario que una mujer pueda resolver sus dudas, sepa las consecuencias del procedimiento y entienda que cuando acuda al hospital no será denunciada ni comprometerá al médico”, explicó Diego Estol director general de Salud de Uruguay.

Liliana Abracinskas, de la organización Mujer y Salud en Uruguay, destacó la importancia de la medida porque establece las bases que deberá acatar el sector sanitario en caso de aborto, a diferencia del nulo interés que muestran los médicos cuando ése fenómeno es ilegal.

Se calcula que en Uruguay se realizan cerca de 33 mil abortos clandestinos al año. En 2003, la policía uruguaya descubrió al menos tres clínicas clandestinas de abortos y la Justicia procesó a sus responsables, incluidos médicos y enfermeras.

Tanto en Uruguay como en Argentina casi un tercio de las muertes maternas se produce por abortos realizados en condiciones inseguras. Las que mueren son mujeres pobres, que no pueden pagar una interrupción segura del embarazo.

2004/ HS/LR/SM