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viernes 23 de julio de 2004
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Advierte ONG juarense
Denuncian retrocesos en investigaciones de feminicidio en Juárez

cimac | México, DF

La presidenta de la Organización Civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, manifestó hoy su preocupación por los “retrocesos” que presentan las investigaciones de asesinatos de mujeres en ciudad Juárez, y criticó el trabajo realizado hasta el momento por la fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar este fenómeno en la ciudad fronteriza.

La activista rechazó la postura de López Urbina en el sentido de que la mayoría de los crímenes en Juárez son producto de la violencia intrafamiliar. Además, sostuvo que las evidencias demuestran que sí hay asesinatos seriales, toda vez que existen patrones similares en los crímenes.

“Los cadáveres de mujeres y jóvenes que han sido encontrados, presentan las mismas marcas corporales, así como señales de estrangulamiento, violación, y postura de brazos”, anotó al rechazar que se trate de un sólo responsable.

La presidenta de la organización civil en la que participan más de 60 madres de mujeres asesinadas en Juárez, participó en el seminario “Cumplimiento de las convenciones y acuerdos internacionales en materia de violencia contra las mujeres en la tarea legislativa como propuesta de acción contra el feminicidio de Ciudad Juárez, Chihuahua”, que congregó en un céntrico hotel capitalino a legisladoras, legisladores, activistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Andrade externó su preocupación por la afirmación de la fiscal López Urbina (presente en el evento), en el sentido de que 63 por ciento de los casos de homicidios ya están resueltos.

También mostró su desacuerdo porque la Procuraduría de Justicia de Chihuahua sea “juez y parte” en las indagaciones que se siguen a 54 funcionarios estatales por actos de negligencia cometidos durante las pesquisas que se siguen en los crímenes de alrededor de 400 mujeres en la entidad fronteriza cometidos de 1993 a la fecha, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), reportó que son 81 los servidores públicos implicados en ese supuesto delito.

Norma Andrade cuestionó incluso a la fiscal por no investigar al exgobernador Francisco Barrio, y al mandatario saliente de Chihuahua, Patricio Martínez, por su presunta responsabilidad en la impunidad y el feminicidio. Sostuvo que la PGR sólo busca castigar a funcionarios de menor rango.

La activista denunció que los apoyos económicos para las madres de mujeres asesinadas en Juárez, son “discrecionales” y propuso se promulgue una ley o reforma legal que obligue a las autoridades de Chihuahua acatar la totalidad de recomendaciones que organismo de derechos humanos nacionales e internacional han emitido entorno al feminicidio.

Finalmente, demandó una reforma legal que impida que las autoridades judiciales de la entidad falten respeto a la vida íntima de las mujeres asesinadas, pues explicó que las autoridades locales insisten en descalificar a las jóvenes desaparecidas y asesinadas a quienes califican como “prostitutas”, lo que no quiere decir que quienes sí se dedican a esa actividad no tengan derecho a ser respetadas.

Por su parte, la subprocuradora de atención a víctimas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Barbara Yllán ; la representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Margarita Guerra, y la investigadora de la UNAM, Elena Azaola, coincidieron que además de impulsar reformas legales, es necesaria la capacitación de jueces y Ministerios Públicos para que hagan cumplir la ley y eviten la discriminación hacia las mujeres víctimas de violencia.

La también investigadora de UNAM, Gabriela Delgado investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad (UNAM), criticó la falta de articulación entre las leyes, las políticas públicas y el sistema de procuración de justicia para impedir la violación a los derechos humanos de las mujeres.

Entre una serie de propuestas, se pronunció por la realización de un Congreso Constituyente “en materia delictiva”, con el fin de construir una política criminológica democrática que proteja a las mujeres.

De su lado el escritor Sergio González, autor del libro Huesos en el Desierto, sostuvo que en el feminicidio, también se debe procurar la reparación del daño a las víctimas, así como proteger a familiares y organizaciones en contra del feminicidio, las cuales han sido objeto de ataques y descalificaciones.

2004/RM/GV/SM

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