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viernes 4 de junio de 2004
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Califican de una burla informe de fiscal
Rechazan legisladoras y activistas que crímenes de Juárez no sean seriales

Rafael Maya cimac | México, DF

Legisladoras federales y grupos de mujeres rechazaron hoy la afirmación de la Fiscal Especial para el caso Juárez, María López Urbina, en el sentido de que en 50 de los asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza, “no existen indicios” de crímenes seriales, y acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR), de minimizar la violencia contra la población femenina en esa localidad como pretexto para no atraer todos los expedientes.

Luz Castro, integrante de Justicia Para Nuestras Hijas, organización de madres de mujeres asesinadas y Silvia Solís, vocera del Comité Nacional contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, calificaron el primer informe de labores de la fiscal, como “decepcionante” y “una burla” para las y los familiares que exigen justicia.

Por su parte, la senadora del PRD Leticia Burgos, presidenta de la Comisión Especial de la Cámara alta que da seguimiento a los asesinatos de mujeres en Juárez, aseguró que la PGR asume una responsabilidad “a medias” para esclarecer el feminicidio.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para los crímenes de mujeres, encabezada por Marcela Lagarde, definió la afirmación de López Urbina como “tramposa”.

La víspera, la fiscal presentó su primer informe de actividades ante el presidente Vicente Fox y entre el cúmulo de datos que dio a conocer -entre ellos la presunta negligencia de 81 funcionarios del gobierno de Chihuahua en las pesquisas de los asesinatos-, señaló que en 50 casos analizados no se encontraron indicios de crímenes seriales.

Reportó que esos crímenes fueron motivados por violencia intrafamiliar y social, y perpetrados por personas “afectadas de sus facultades mentales” y que por lo tanto, no se trata de crímenes seriales, versión rechazada por las legisladoras y activistas.

Desde antes de la creación de la Fiscalía Especial (en enero de este año), la PGR ha argumentado que el feminicidio es un asunto del fuero común y ha descartado la participación del crimen organizado. De esa manera, la justicia federal se ha resistido a atraer la totalidad de los asesinatos, 370, según el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI).

La activista Luz Castro acusó a las autoridades federales y del estado de Chihuahua de “lavarse las manos”, y enfatizó que existen “bases científicas” asentadas en informes de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y AI, que estipulan claramente el carácter serial del feminicidio, los patrones físicos de las víctimas, y el tipo de violencia que se ejerce contra ellas.

Por su parte, Silvia Solís advirtió que al clasificar 50 de los expedientes como asunto de violencia doméstica, la fiscal traslada la “responsabilidad y culpa” de la muerte de las mujeres a sus familias en forma parecida a como hizo el ex gobernador de Chihuahua Francisco Barrio, quien responsabilizaba a las víctimas de andar solas en la noche o de “no cuidar sus amistades”.

Al igual que Solís, la senadora Leticia Burgos apuntó que hubo “contradicción” entre los informes de López Urbina y Guadalupe Morfín, ya que mientras la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reiteró la participación del crimen organizado en el feminicidio, a la Fiscal le faltó enfatizar en ese asunto.

La perredista adelantó que se presentará un punto de acuerdo la próxima semana ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua inicie de inmediato los procesos contra 81 funcionarios que habrían incurrido en negligencias.

Marcela Lagarde pidió que se investigue a ex procuradores de justicia del estado, así como a ex gobernadores. Igualmente consideró que el aumento de 14 millones de pesos al presupuesto de la comisionada Morfín, es insuficiente.

La Comisión Especial del caso en la Cámara baja, advirtió del riesgo de que la PGR desestime la gran mayoría de asesinatos. Hasta ahora de 271 expedientes, la justicia federal investiga de manera directa 18 casos.

2004/RM/GV/SM

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