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lunes 7 de junio de 2004
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OPINIÓN
Violencia sistémica de género en Ciudad Juárez

Clara Jusidman* cimac | México, DF

El día 3 de junio en un acto en Los Pinos con la presencia del presidente Vicente Fox y del Gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, la Fiscal Especial y la Comisionada en relación con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez presentaron sendos informes sobre los trabajos que han venido realizando.

De los documentos presentados, me parece importante que la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Homicidios de Mujeres en Juárez, María López Urbina y la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, informen periódicamente sobre el avance de su trabajo.

Me parece importante, que finalmente el presidente Fox destine al menos 14 millones de pesos este año y el próximo para respaldar el trabajo de la comisionada que hasta ahora no contaba con recursos para realizar dichos trabajos. Aunque insuficientes para casi dos años, la asignación de ese dinero es un paso fundamental, complementado con el compromiso del Ejecutivo de que si faltan más recursos, se le dará más.

Me parece importante, la creación de la Base de Datos de Genética Forense que opera desde febrero y de la Base Única de Datos de Mujeres Desaparecidas en Juárez. Las discrepancias sobre el número real de mujeres asesinadas y desaparecidas ha sido una constante en esta tragedia.

Me parece importante, que la fiscal haya solicitado proceder contra 81 servidores públicos de las instancias estatales por posibles responsabilidades administrativas y penales.

Me parece importante, que el gobernador haya estado en la reunión y se haya comprometido a que se “actuará contra los servidores públicos sin importar de quiénes se trate, ante su actuación negligente e irresponsable” (El Universal, A-19 4 de junio 2004)

Me parece importante, la atracción de otros tres casos por la Procuraduría General de la República (PGR), que se agregan a los 15 que ya había atraído por estar relacionados con delitos del fuero federal, como es el narcotráfico.

Me preocupa, el énfasis que se encuentra en las notas periodísticas en relación a que los asesinatos pudiesen derivarse principalmente de violencia familiar y de personas desquiciadas.

Primero por que me parece que se han encontrado evidencias suficientes y reiteradas de que entre 70 y 90 casos, sí tienen características de ser asesinatos seriales y por que la forma en que son desaparecidas mujeres jóvenes, con rasgos físicos semejantes cuando se trasladan de su trabajo a sus casas, haría suponer en actos pensados, premeditados y de alguna forma, utilitarios para el o los perpetradores y no producto de una explosión de enojo e ira que con frecuencia subyace en los actos de violencia familiar.

Segundo, por que de ser el caso de que la violencia familiar en Ciudad Juárez llegó al nivel que se muestra en la cantidad de mujeres asesinadas, ello significa un grado de deterioro del tejido social y de la salud mental de la zona que demanda de intervenciones fuertes y contundentes.

Por una parte, para modificar las conductas de posibles perpetradores de maltrato y violencia que ya viven en la ciudad antes de que cometan daño y por otra, del urgente desarrollo de programas de prevención de que esas conductas sigan reproduciéndose en los niños y jóvenes que crecen y se desarrollan en lo que se puede calificar un ambiente de violencia sistémica de género y de impunidad.

Al partir de la base de que una parte del trabajo de la Fiscal Especial radica en evaluar la medida en que las investigaciones y la procuración de justicia se han aplicado en los casos y que por ley, ella no puede suplir a las autoridades del fuero común por ser esta materia de competencia estatal, me parece que continúa siendo responsabilidad de los Poderes del Estado de Chihuahua, tanto del Ejecutivo como del Judicial, el asumir responsabilidad plena por la negligencia y la sistemática violación al Estado de Derecho que domina toda la situación.

Al Legislativo local corresponderá a su vez, hacer una urgente revisión de la legislación para hacerle las modificaciones necesarias, a fin de facilitar las investigaciones y la aplicación pronta, oportuna y suficiente de los castigos a los culpables.

Por su parte, la comisionada Morfín tendría que encontrar y alentar una verdadera voluntad de trabajo integrado y compromiso de las instancias federales, estatales, municipales, empresariales y sociales que tienen la obligación de participar en la construcción y desarrollo de un programa de prevención y atención de la violencia sistémica de género en Ciudad Juárez y en general, en Chihuahua.

Destejer la maraña de intereses políticos y económicos, de soberbia, de suficiencia y de irresponsabilidad que privan respecto de la situación en Ciudad Juárez y que se reflejan en muchos de los comentarios y declaraciones que se hacen respecto de la situación y de los informes recientemente presentados y colocar las distintas piezas institucionales y sociales en su lugar, parecería ser una tarea que nos involucra a todos y no sólo a la comisionada y a la fiscal especial.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE SOCIAL A.C.

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