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martes 4 de mayo de 2004
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Obligadas de nuevo a la maternidad
Todas sufren estrés postraumático

Madres de mujeres asesinadas en Juárez, esperan justicia

Miriam Ruiz, enviada cimac | Ciudad Juárez

El asesinato de sus hijas marcó su presente y arrancó de ellas una fuerza superior para poder no sólo enfrentar a las autoridades sino a un futuro incierto. Son las madres de las mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua que con dificultad se levantan todos los días para proseguir con su demanda de justicia tras una década de complicidades y silencio en torno al feminicidio en medio de un clima de persecución.

Para ellas, los festejos del Día de la Madre, han quedado reducidos en recuerdos de sus hijas masacradas. Ahora son ellas quienes son las responsables de las hijas e hijos de las víctimas de Juárez obligadas brutalmente asumir de nuevo la maternidad.

Desde 1993 se han registrado en Ciudad Juárez alrededor de 350 asesinatos violentos de mujeres, considerada capital de la industria maquiladora y cuya población fluctúa en un millón 319 mil habitantes, según datos de la presidencia municipal y que de acuerdo a cifras del gobierno estatal, ha crecido 12 veces en los últimos 40 años.

El mismo gobierno de Chihuahua –reticente a asumir el problema—reconoce 330 crímenes a la fecha, 90 de ellos bajo el rubro de crímenes sexuales, es decir, aquellos que han despertado el horror de la comunidad internacional por su violencia.

En la capital estatal, Chihuahua, desde 1999 la organización Justicia para Nuestras Hijas, documentó y da seguimiento a nueve asesinatos y siete desapariciones de jóvenes trabajadoras o estudiantes que guardan similitudes con los crímenes en Ciudad Juárez.

Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere en la pasada década, cuatro mil reportes de desaparición de mujeres jóvenes.

Provenientes de la clase trabajadora y tras vivir el unánime maltrato del aparato de justicia en el norteño estado, muchas madres pronto renunciaron a la búsqueda de justicia o de sus propias hijas. Algunas de ellas se mudaron a otros estados. Otras, sencillamente cerraron la puerta.

La vida de las que optaron por seguir buscando es una cuerda floja. La salud de todas ellas es frágil: abunda la diabetes, sufren estrés postraumático, los ataques de pánico, dermatitis o, simplemente “un peso en el corazón.”

A su precaria condición económica –con varios hijos, ningún compañero, quizá desempleadas y con casas a medio construir-- se suman hoy los gastos en salud, abogados, terapia y otras nuevas necesidades que las hacen vulnerables a ser atacadas por recibir una supuesta ayuda gubernamental y por enriquecimiento.

Todas ellas lamentan que la sociedad juarense –informada por las autoridades y los medios locales—califiquen a sus hijas de haber sido “vaguitas”, de andar “muy sueltitas” o incluso, de haberse prostituido.

Han recibido además desplantes de las autoridades policiales locales, especialmente en la década de los 90.

Esther Luna, es la madre de Brenda Alfaro Luna quien salió una mañana de octubre de 1997 –tenía de 15 años de edad—a su primer día como trabajadora doméstica y nunca regresó. Pocos meses antes vivía cómodamente con su familia en El Paso, Texas pero un problema familiar las obligó a regresar, sin dinero, a este lado de la frontera.

Por los medios de comunicación su hermana Lorena se enteró que había aparecido un cuerpo por los campos de PEMEX que podría corresponder a su hermana, ante lo cual acudió a identificarlo.

Lamentablemente las ropas correspondían a Brenda, pues curiosamente ella se las había prestado. No obstante, le negaron ver el cuerpo por el grado de descomposición en que se encontraba.

Fue hasta el año 2001 cuando la familia pudo recuperar el cuerpo. En esos años, la policía dijo a Esther en alguna ocasión: “Váyase a su casa, nosotros le hablamos, ¿qué no tiene nada que lavar?”, según refiere la señora Luna desde su casa ubicada cerca del centro de Ciudad Juárez.

La auditoría del Instituto Chihuahuense de la Mujer lo consigna como un caso aún sin resolver. “Quien resulte responsable” asienta.

Lejos de su vida diaria, la escena política generada a raíz de la persistente denuncia de los crímenes por las organizaciones locales de mujeres, de familiares de la víctimas y derechos humanos en el estado, el país y el mundo pide una revolución al corrupto sistema judicial de Chihuahua.

“Tenemos que idear nuevas formas jurídicas para saldar la deuda del país con las mujeres de Juárez”, invita la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, a quienes han dirigido una campaña en contra del organismo que preside por considerarlo una instancia cara y sin resultados.

Patricia Olamendi, subsecretaria de Temas Globales de la Cancillería mexicana aseguró por su parte a juezas y jueces, ministros y ministras chihuahuenses que la justicia de ese estado puede ser mejor en el mismo evento –el 27 de abril pasado—donde el secretario general de Gobierno Sergio Martínez Garza, se consuela de que también en otros estados se da el feminicidio.

UNA CIUDAD EN LA FRONTERA

Ciudad Juárez sigue en movimiento, pese a que en el 2003 cerraron al menos 386 empresas, según datos de la Canacintra. Esta ciudad donde la “ruta” o transporte público te lleva por suburbios estilo Los Ángeles contiguos a lotes baldíos, por uno y otro de sus 16 parques industriales hasta un centro casi abandonado, continúa siendo la capital maquiladora del planeta, según datos oficiales.

Es la “hora maquiladora”: cinco y 10 de la mañana. Todavía no clarea. Un ejército de autobuses escolares identificados como Transporte de Personal corre hacia las maquiladoras, lleno de mujeres y hombres. Juárez está vivo, lo que contrasta con el bajo voltaje de sus focos que sin embargo, no justifica la saña de las muertes.

Y a pesar de la violencia que se adueña de la ciudad –callejera, por el narcotráfico o familiar —, Ciudad Juárez es un buen lugar para vivir en la clase media: se puede comprar un vehículo en mil 500 pesos (unos 130 USD) y se puede conseguir en El Paso, Texas un DVD por 200 pesos (casi 18 dólares).

La juventud universitaria y también las y los trabajadores pueden divertirse los fines de semana por 30 pesos de entrada (menos de tres USD) y menos de 10 pesos por cerveza o un dólar, en largas y divertidas noches.

Noches que atemorizan a las otras, a las madres que ya perdieron, sin poder entenderlo, a una hija. Ellas confiesan tener miedo a la noche, a los hombres, a los taxis, a las relaciones sexuales.

“Ya no voy a tener miedo” se promete Marta Ledesma Hernández, madre de Angélica Márquez Ledesma quien salió el 20 de abril de 1995 de la casa de su tía en Ciudad Juárez y desapareció a los 15 años de edad. “Todavía no estoy bien, pero le estoy echando ganas” asegura mientras se da fuerzas para proseguir la búsqueda.

La desaparición de Angélica obligó a migrar a la familia desde Casas Grandes, Chihuahua a Juárez perdiendo casa y muebles. Hoy batallan por pagar la renta. Al venirse a vivir aquí, su esposo tuvo un accidente de trabajo, lo que agravó su situación.

Al final, esta ciudad es solamente un “Afganistán” para las pobres. Porque aquí, para las madres, hermanas, abuelas y amigas de las víctimas –ninguna de ellas universitaria, ninguna de ellas rica—llegar a casa antes de que oscurezca o a la hora que avisan es más que buena educación; es una estrategia para conservar la vida.

ANTES NIETOS, HOY HIJOS

Los hijos, en realidad, nietos de estas mujeres en sus juegos infantiles de “yo era la mamá y tú eras la hija” sentencian “ve a la tienda, pero con cuidado porque te van a robar.” Así juegan junto a una cerca que mira a un polvoriento y triste llano, en la colonia Nuevo Hipódromo.

Donde las mujeres asesinadas o desaparecidas dejan hijos, las abuelas se hacen cargo.

Lilia Alejandra García Andrade, trabajadora de Servicios Plásticos y Ensambles hasta que desapareció el 15 de febrero del 2001, --cuatro días después se encontró su cuerpo sin vida--, dejó a dos hijos que tenían menos de un y tres años de edad.

Norma Andrade, maestra, madre recientemente viuda y con precaria salud, encontró que la tutela que la ley le otorga no es suficiente para garantizar la manutención de sus “dos nuevos hijos”. Hoy lucha en la arena pública por lograr su adopción legal.

Un nieto de seis años también preocupa a María de Jesús Ramos, mamá de Bárbara Araceli Martínez Ramos de 21 años de edad, empleada, que apareció en el Campo Algodonero –páramo hoy adornado con ocho cruces y vigilado 24 horas al día por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Antes de que su hija desapareciera trabajaba en la limpieza del aeropuerto de la ciudad. Hoy se ha convertido en mamá de tiempo completo, y aunque recibe apoyo económico de sus otros hijos “me la veo verde”, dice la “güera” quien se apresura a señalar, “ya quiero volver a trabajar.”

LAS MUEVE LA IRA

Amas de casa, obreras o trabajadoras domésticas, su vida dio un giro, pero tienen fuerza para ir adelante. A veces las mueve la esperanza; muchas veces, la ira.

En la ciudad de Chihuahua, Norma Ledesma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledesma, --quien desapareció de la escuela de computación ECCO, al igual que otras jóvenes--se sostiene con la idea de que Paloma no se ha ido, lo que le da fuerza para seguir adelante en su lucha, lo que la ha llevado, dice, sin entusiasmo a exponer su caso en Estados Unidos y Suiza.

Mientras que Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena y que viajó a Ginebra, Suiza para presentar su caso durante la 60 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos “Para mí que se haga justicia es que hallen los verdaderos culpables” porque detuvieron a un primo de la víctima David Meza, lo que la obliga a luchar en dos frentes.

Los funcionarios públicos de Chihuahua, “no están haciendo nada, solamente dar tiempo a los verdaderos culpables”, sostiene con una mezcla de tristeza y furia y agrega: “Yo voy a hacer todo lo posible para que se investigue al ex procurador José Jesús Solís Silva y al gobernador Patricio Martínez “porque no es justo que siendo la máxima autoridad se esté burlando de nosotros.”

2004/MR/GV/SM

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