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miércoles 24 de noviembre de 2004
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Denuncian familias de víctimas ante legisladores
Inútil acción del gobierno para atender Feminicidio en Juárez

Rafael Maya cimac | México, DF

Con coraje e indignación, familiares de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua desde 1993, denunciaron hoy que las acciones emprendidas hace un año por el gobierno federal para detener el feminicidio han sido inútiles, y que lejos de detenerse, la ola de violencia se agudiza y la impunidad prevalece.

Las organizaciones civiles Nuestras hijas de regreso a casa y Justicia para nuestras hijas, criticaron severamente a la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, encabezada por Guadalupe Morfín, y a la Fiscalía Especial de la PGR para esclarecer los asesinatos, al mando de María López Urbina, toda vez que sus acciones no han satisfecho la demanda de justicia de las familias de las víctimas.

Ambas agrupaciones presentaron un balance ciudadano de las acciones de la justicia federal y estatal para intentar resolver el feminicidio, ante la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones de los asesinatos de mujeres en la República Mexicana, presidida por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marcela Lagarde.

La abogada de Justicia para nuestras hijas, Luz Castro, hizo un recuento exhaustivo de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua durante 2004. Enumeró que en lo que va del año 21 mujeres fueron asesinadas, 38 han sido desaparecidas, y más de 50 niñas de entre 8 y 17 años de edad fueron abusadas sexualmente.

Denunció que las autoridades de justicia del estado siguen descalificando a las víctimas y minimizando los asesinatos y desapariciones de mujeres.

Mencionó los casos de muchas jóvenes que fueron asesinadas brutalmente y cuyos casos las autoridades no han investigado adecuadamente, retrasan los peritajes y demás trámites, y responsabilizan a las víctimas de la violencia que sufrieron.

Castro recordó los casos de Erika Ruiz, Verónica Rivero, Silvia Arce, Griselda Mares, Cecilia Covarrubias, Fabiola Chacón y muchas más que fueron desaparecidas, asesinadas y abusadas sexualmente. Sus familiares estuvieron presentes en la Cámara de Diputados y portaban en el pecho fotografías de las víctimas.

La activista también remarcó la falta de sanciones a las y los ex funcionarios de la procuraduría de justicia estatal que según la fiscal especial López Urbina, habrían obstaculizado las investigaciones del feminicidio. Sostuvo que existe un “amasiato” entre las autoridades judiciales y la delincuencia organizada.

Citó que la ex fiscal estatal Zulema Bolívar, el ex procurador de justicia de Chihuahua, Jesús José Solís Silva, y el ex subjefe de averiguaciones previas Armando Lastra, siguen impunes a pesar de que se han documentado sus nexos con el crimen organizado.

Igualmente, Luz Castro acusó al Instituto Chihuahuense de la Mujer y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ser “instrumentos de la violencia contra las mujeres, manipular a las familias de las víctimas, y validar las torturas” contra personas inocentes acusadas de participar en el feminicidio.

Alma Gómez, también dirigente de Justicia para nuestras hijas, subrayó que las acciones del gobierno federal “no han cambiado en nada la vida cotidiana de las madres de las víctimas”, quienes todos los días tienen que pelearse con las autoridades judiciales para tener acceso a los expedientes y obtener justicia.

Acusó al Ejecutivo federal de “mentir” ante Naciones Unidas sobre la situación real del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, y observó que no hay ninguna medida federal para detener la violencia de género en la capital del estado.

A nombre de Norma Andrade, dirigente de Nuestras hijas de regreso a casa, Francisco Rivera, hermano de la joven Silvia Rivera, desaparecida y asesinada en Juárez en 1995, advirtió que “no sólo las madres están en pie de lucha” en demanda de justicia, sino también todos los familiares.

Indignado, Rivera dijo que pese a todas las acciones federales y estatales para intentar esclarecer los asesinatos de mujeres, los gobiernos no tienen real interés por detener la violencia y castigar a los criminales, “a pesar de que saben quiénes son”.

Las organizaciones civiles Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, presentaron una serie de propuestas legales y jurídicas para que se erradique de inmediato la impunidad que prevalece a 11 años de violencia que ha cegado la vida de más de 400 mujeres en Juárez y Chihuahua.

Al cierre de esta edición, las activistas tenían previsto reunirse con el presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos.

2004/RM/LR

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