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lunes 8 de noviembre de 2004
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Familiares de víctimas, cansadas de promesas incumplidas
Asumen autoridades de Chihuahua compromiso por justicia

Miriam Ruiz, enviada cimac | Chihuahua

Hace algunos años, las madres y familiares de las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua tuvieron que acorralar al entonces gobernador Francisco Barrio Terrazas para exponerle sus demandas de justicia. La semana pasada, los tres poderes del estado hicieron compromisos con ellas en diversas reuniones y empezaron por reconocer el feminicidio.

El entrante gobernador de Chihuahua, Jesús Reyes Baeza reconoció al feminicidio como un problema donde se han dado “graves errores y omisiones”.

Durante su primera reunión el pasado miércoles en el salón Gobernadores con las familias de las víctimas, acompañadas de académicas y abogadas que salieron desde cinco puntos de Estados Unidos en la Caravana por el Respeto a la Vida y en Contra de la Violencia y Discriminación de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tercer gobernador de Chihuahua, que tiene que enfrentar el asesinato de casi 400 mujeres y cuatro mil desapariciones --según Amnistía Internacional, ofreció concretamente una comisión plural de diálogo y la apertura de una subprocuraduría de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Igualmente, apoyó el castigo para medio centenar de funcionarios tal y como ofreció la procuradora de Chihuahua, Patricia González.

“Ha habido excesos, omisiones graves, errores en las investigaciones y que en función de ello y atendiendo a las recomendaciones internacionales, debemos atender Debemos sancionar a quienes resulten responsables.”

Por la mañana del jueves, el grupo conformado por una treintena de personas, incluyendo a niñas y niños pequeños, también familiares de las víctimas, acudieron al Congreso de Chihuahua, para reunirse con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, órgano primordial del poder legislativo y la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Victoria Chavira del Partido Acción Nacional (PAN).

Las y los legisladores allí presentes se comprometieron a hacer su trabajo legislativo y recibieron las peticiones de las integrantes de la Caravana: juicio político a funcionarios omisos o encubridores, vigilancia al cumplimiento de las recomendaciones internacionales al gobierno de México y Chihuahua, un aumento presupuestal para prevenir la violencia hacia las mujeres, así como la vigilancia del gasto en seguridad pública y procuración de justicia.

Las integrantes de la Caravana solicitaron también que se reforme la ley, como lo han hecho anteriormente, para que la desaparición de mujeres se considere como forzada –porque hay anuencia de las autoridades—o para que se pueda considerar como secuestro, porque hoy la búsqueda se mira como un servicio social, indicó Luz María Castro, abogada de Justicia para Nuestras Hijas.

Cabe recordar, que al igual que en la federación, la LXI Legislatura en Chihuahua creó una Comisión Especial sobre Feminicidio en Ciudad Juárez del Congreso local, presidida por la diputada priísta Alma Yolanda Morales, quien ofreció legislar sobre sanciones más severas para los delincuentes.

Por otra parte, las ocho mujeres que ocupan una curul en el Congreso chihuahuense hicieron un frente común para legislar, con prioridad, para erradicar el feminicidio en el estado de Chihuahua y todas las formas de violencia o discriminación hacia las mujeres, como parte de las tareas de la Comisión de Equidad y Género local.

En su pronunciamiento las diputadas llamaron a “un combate frontal contra la impunidad dando seguimiento al caso de 81 funcionarios que con su actuar negligente u omiso han obstruido.

En tanto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Chihuahua, José Chávez Aragón, --que llegó el pasado cinco de octubre a su cargo—ofreció al escuchar los casos de inculpados mediante tortura que el poder judicial de Chihuahua será autónomo.

Cabe recordar que las recomendaciones a México por parte de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critican la falta de autonomía de los jueces en este estado norteño.

En las reuniones oficiales madres de las víctimas, cansadas de promesas incumplidas, mostraban a ratos algún gesto de aprobación, pero la mayor parte del tiempo guardaban silencio, atentas, pero sin gran entusiasmo. Casi han perdido la esperanza.

Tras un recorrido por 54 ciudades de Estados Unidos y Canadá y un medio centenar de reuniones en las principales universidades e iglesias de esos países durante 17 días, la Caravana cerró con un íntimo acto conmemorativo en la Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno.

La Caravana fue organizada por las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Centro de Estudios y Taller Laboral, Casa Amiga, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) por México.

De Estados Unidos llegaron integrantes de Mujeres de Negro, Amigos de las Mujeres de Juárez, Amnistía Internacional y la Red de Solidaridad con México.

2004/MR/LR

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