A un año de que la auditoría ciudadana efectuada por seis organizaciones civiles determinó que Provida, organización encabezada por Jorge Serrano Limón, cometió fraude y evasión fiscal en el ejercicio de 30 millones de pesos que recibió en 2003 de la Secretaría de Salud (SS), las sanciones para quienes resulten responsables aún parece lejana.

Luego de que el ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y actual director del Banco Nacional de Obras, Luis Pazos de la Torre, dispuso que el Comité Nacional Provida recibiera 30 millones de pesos, producto de un recorte unilateral e ilegal del presupuesto federal para atender programas contra el VIH/SIDA en el país, el escándalo se convirtió en una de las mejores evidencias de la corrupción en México

El llamado “Providagate” se destapó a través de la auditoria ciudadana elaborada por las organizaciones Equidad de Género, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Letra S, Salud Integral para la Mujer, y el Grupo en Información y Reproducción Elegida.

A continuación un recuento de hechos.

2002
16 de diciembre.- La Cámara de Diputados aprobó una ampliación de 600 millones de pesos al presupuesto destinada a atender la salud de las mujeres y otros programas como el de VIH/SIDA.

2003

9 enero.- La Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja envió un oficio a Luis Pazos, presidente de la Comisión de Presupuesto, para detallar la distribución de los recursos adicionales, entre los que se encuentran 208 millones de pesos para el programa de VIH/SIDA.

10 enero.- El titular de la Secretaría de Salud (SS), Julio Frenk Mora, recibe un oficio del diputado Pazos (con fecha 17 de diciembre de 2003), en la que informa de una distribución presupuestal distinta a la aprobada por el pleno. Pazos reduce los montos para el combate del VIH/SIDA a 178 millones de pesos, e integra un nuevo rubro: los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), con 30 millones de pesos, proyecto de Provida.

17 enero.- Diputadas priistas de la Comisión de Equidad, como Concepción González y María Elena Chapa, envían oficios a Luis Pazos en protesta por la asignación “inconstitucional” de 30 millones de pesos para Provida y exigen que se respeten los montos aprobados.

27 marzo.- Tras la denuncia en diversos medios informativos sobre el desvío de fondos a Provida, el diario La Jornada publica una carta de Luis Pazos, en la que el entonces diputado niega el recorte de recursos al programa de VIH/SIDA, y rechaza tener atribuciones para aumentar o disminuir el presupuesto de egresos.

13 agosto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que “respeta” la asignación presupuestal en materia de salud enviada por el diputado Pazos.

28 octubre.- En reunión con la Comisión de Equidad y Género, el subsecretario de Prevención y Protección de la Salud de la SS, Roberto Tapia Conyer, confirma la entrega de recursos por parte de esa dependencia a la organización encabezada por Serrano Limón.

6 noviembre.- Organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres y combate al VIH, dan un plazo de 30 días a la Cámara de Diputados para que esclarezca las irregularidades cometidas en la entrega de recursos a Provida, autorizada unilateralmente por Luis Pazos.

6 diciembre.- Las ONG denuncian que la Cámara de Diputados no cumplió con su compromiso de responder a la ciudadanía sobre el desvío de fondos.

8 diciembre.- En respuesta a una solicitud del Senado de la República, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se compromete a investigar el caso y dar resultados el 31 de marzo de 2005, tras la revisión de la cuenta pública de 2003.

2004

27 enero.- La vicepresidenta de Provida, Rocío Gálvez, declara que fueron 60 millones y no 30 los que recibió su organización desde la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) de la SS. La dependencia de gobierno niega esa afirmación.

17 mayo.- Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Sipam, Letra S, Equidad de Género y el Grupo de Información en Reproducción Elegida informan los resultados de una auditoria realizada a Provida. En ella descubren una serie de anomalías en las que se comprueba que el grupo contrario al aborto legal cometió “fraude y evasión fiscal” en el ejercicio de los 30 millones de pesos.

16 julio.- Luego de que la prensa nacional da amplia difusión al escándalo Provida y se descubre que esa organización estaría practicando abortos clandestinos en los CAM, las agrupaciones autoras de la auditoria ciudadana denuncian el silencio del secretario de Salud Julio Frenk sobre el caso, y demandan el deslinde de responsabilidades.

Hasta entrada la noche de ese día, la SS emitió un comunicado en el que advertía que debido a las irregularidades cometidas por Provida (detectadas en una auditoria “en curso”), la dependencia suspendió desde “hace dos meses y medio” la entrega de los recursos correspondientes a 2004. No obstante, la prensa informa que ese año, Provida ya había recibido 4.5 millones de pesos de la SS.

19 julio.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión da entrada a la demanda ciudadana para esclarecer el llamado Providagate.

20 julio.- Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezados por Malú Micher, presentan a la mesa directiva de la Cámara baja una solicitud de juicio político contra Luis Pazos, por el desvío de fondos.

27 agosto.- En reunión con las organizaciones civiles, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, anuncia que la auditoria que realiza su dependencia a los gastos de Provida arrojó las mismas anomalías detectadas previamente por los grupos ciudadanos y establece que realizarán las gestiones para que la agrupación de Jorge Serrano Limón devuelva los 30 millones.

30 agosto.- Al comparecer ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el secretario Frenk dejó más dudas que respuestas sobre el caso Provida donde encaró severos cuestionamientos de las y los legisladores. Desataca la denuncia de que el grupo de Serrano Limón estaría especulando con recursos públicos en las bolsas de valores de México y Nueva York.

23 septiembre.- Julio Frenk anuncia ante diputadas y diputados de la Comisión de Salud que, con base en las recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comenzará un proceso legal contra Provida para que restituya los 30 millones de pesos.

24 septiembre.- El PRD en la Cámara baja presenta ante la PGR una denuncia penal por peculado contra el apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, y su vicepresidenta Rocío Galvez. Las y los diputados anuncian que demandarán por el mismo delito a Luis Pazos, y que analizan la posibilidad de entablar juicio político contra Julio Frenk.

29 septiembre.- En uno más de sus intentos por justificar sus actos de corrupción, Serrano Limón publica un desplegado en la prensa nacional y acude a diversos medios de comunicación para denunciar la “campaña de linchamiento” en su contra. Las ONG descalifican los argumentos de Provida y exigen castigo para sus dirigentes.

4 octubre.- Frenk Mora asegura que a más tardar en tres semanas la SS acudirá a los tribunales para exigir que el grupo ultraconservador devuelva los montos mal ejercidos.

18 de octubre.- Las organizaciones que realizaron la auditoria ciudadana interpusieron un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en respuesta a la negativa de la SS de informar sobre cuáles eran los CAM que se habían cerrado así como los fundamentos legales para su clausura.

11 de noviembre.- La SFP emite un comunicado de prensa en que confirma las irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados por APBP a Provida.

14 de diciembre.- Las organizaciones civiles que denunciaron las irregularidades cometidas con recursos públicos por Provida, inauguran la página web sobre la experiencia y el seguimiento de este caso. La información está disponible en www.demandaciudadana.org

15 de diciembre.- Las mismas agrupaciones enviaron una carta a Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, solicitando que las mantuviera informadas sobre el procedimiento administrativo iniciado contra cinco funcionarios de la APBP, así como contra Jorge Serrano Limón.

2005

12 de enero-. Los organismos civiles enviaron otra carta al Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP para solicitar la fecha de inicio del procedimiento administrativo, nombres y cargos de los funcionarios de la APBP contra quienes se inició el procedimiento así como el fundamento legal para las responsabilidades que se les atribuyen tanto a ellos como a Serrano Limón.

26 de enero.- También enviaron cartas a los secretarios de Salud y de la Función Pública, respectivamente, donde solicitan rendición de cuentas sobre el proceso iniciado.

17 de febrero.- En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones advirtieron que a un año de la denuncia, sobre el desvío de recursos públicos con fines privados a favor de Provida, aún no existían responsables y la situación seguía el curso de la impunidad.

4 de abril.- La ASF confirmó el desvío de recursos públicos a Provida con lo que empezará a promover acción penal contra esa organización y las autoridades responsables en el asunto.

2005/MP/SJ