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viernes 12 de agosto de 2005
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Debe PGR aclarar destino de fondos camerales
Cuestionan legisladoras Fondo de Auxilio a Víctimas

María de la Luz González Cimac | México, DF

Senadoras y diputadas de las comisiones especiales de seguimiento al feminicidio del Congreso de la Unión cuestionaron la integración del Fondo de Auxilio Económico a familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) aclarar el destino de los recursos aportados por la Cámara de Diputados.

En un escrito dirigido a Daniel Cabeza de Vaca, titular de la PGR, señalaron que el fondo promueve políticas asistenciales sin cumplir con los estándares internacionales en la materia, y le recordaron que el Congreso de la Unión destinó recursos suficientes para crear el Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Sin embargo, agregan, la PGR “creó una instancia con nombre y objetivos distintos a los señalados por el Congreso, además de que no se le incluyó como titular en el Consejo Asesor que administrará los fondos destinados. Situación en la que estamos claramente en desacuerdo”, sostienen.

Precisan que el aplicar los recursos a un Fondo de Auxilio Económico contraviene la disposición normativa y, al mismo tiempo, cuestiona el origen de los fondos que han sido destinados a este fin.

Las legisladoras destacan que el citado fondo quedó constituido por 30 millones de pesos en un primer momento, ya que la PGR no consideró los 31 millones aportados por la Cámara de Diputados hasta el 1 de julio de 2005, pese a tenerlos asignados desde el 1 de enero, y señalan que “es pertinente aclarar qué ha sucedido con este monto”.

Cuestionan el que pese a constituirse como fondo “de auxilio económico”, funcionarios de la PGR han dicho que dicho apoyo se otorgará con los criterios internacionales en materia de reparación del daño, lo que conlleva ya una confusión, pues impide tener claridad sobre los objetivos del fideicomiso y las acciones y toma de decisiones del Consejo Asesor.

Aclaran, además, que la reparación del daño implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, la cual ha sido señalada por diversos organismos internacionales tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Europeo.

“En este contexto, es claro que el denominado ‘auxilio económico’ tiene dos vicios de origen: no cumple con las obligaciones que México tiene con las víctimas y sus familiares, y promueve políticas asistenciales que no cumplen con los lineamientos internacionales en esta materia”.

Las legisladoras manifestaron además su desacuerdo con que se otorgue dinero a las víctimas del feminicidio, porque el planteamiento que hace el Consejo Asesor (a más sufrimiento más dinero) las victimiza más, crea inequidad y el Estado no asume su obligación de reparar el daño de manera integral por su responsabilidad en las violaciones a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez.

Cuestionan también los criterios que se pretenden utilizar sobre reparación del daño son los establecidos en el Código Civil Federal y en la Ley Federal del Trabajo, lo cual es inadmisible y aclaran que es necesario, primero, contar con un censo confiable sobre el número de mujeres asesinadas y el número de personas que podrían ser beneficiadas.

“No se puede pretender reparar el daño, o incluso indemnizar, si no se han valorado todos los aspectos que envuelven la situación de violaciones graves y sistemáticas que prevalecen en Chihuahua, incluyendo las necesidades de las víctimas directas e indirectas del feminicidio”, concluyen.

05/LG/GM


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