La abogada Susana Chiarotti fue designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino como su representante para conformar el Comité de Expertas de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará, ciudad brasileña donde la iniciativa fue aprobada en 1994.

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó esta convención como un instrumento legal internacional que reconoce que toda violencia de género es un abuso contra los derechos humanos.

El Comité del cual Chiarotti forma parte -el cual se reunirá por primera vez el 20 de agosto en Washington- tendrá a su cargo, tal como sucede con todos los organismos de esta naturaleza, el seguimiento del nivel cumplimiento en cada uno de los países que han firmado la Convención, informa Mujeres Hoy.

“Al cumplirse diez años de la Convención de Belém do Pará se hizo una reunión de evaluación. Allí se consideró la necesidad de crear un organismo que supervise la instrumentación de políticas estatales vinculadas a la violencia de género y que pueda brindar asesoramiento para que los Estados mejoren la situación en este tema.

“Después de muchas discusiones, se aprobó un protocolo para la convención y se creó un mecanismo de seguimiento compuesto por dos cuerpos: una conferencia gubernamental, donde irán las representantes de los gobiernos, y un comité de expertas independientes”, explicó Chiarotti, quien desde hace ocho años también se desempeña como coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), red conformada por 17 países.

“Voy a ir a integrar un cuerpo compuesto por 34 representantes; una por cada país representado en la OEA. La reunión será en Washington del 20 al 23 de agosto. La secretaría de ese grupo la lleva adelante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el organismo más antiguo de mujeres que existe en el mundo. La CIM promovió e hizo el borrador de la Comisión de Belém do Pará”, agregó Chiarotti.

“El primer desafío que tenemos es manejar datos estadísticos para saber cuál es la dimensión del problema. ¿Por qué ningún país puede medir la violencia que sufren sus niñas y mujeres? Porque no se sabe en términos cuantitativos de qué se está hablando. Algunas casos son relevados por la policía, los jueces, algunos servicios que dan las organizaciones civiles, pero no hay una base de datos común”, dijo la funcionaria.

“Después viene el tema del acceso a la justicia. ¿Reciben justicia las mujeres que reciben violencia? Si reciben justicia, ¿por qué, por ejemplo, menos del 5 por ciento de las mujeres violadas realiza la denuncia? Tiene que haber alguna razón. Quizás, esa intuición de que van a llegar a una comisaría y van a ser interrogadas ellas; que en el juzgado el juez va a averiguar qué tipo de mujer es; va a preguntar si es honesta o no, si provocó al violador o no; después pueden llegar a hacer un careo con el violador: entonces será doblemente victimizada”, señaló Chiarotti antes de afirmar que “acá es mancillada la persona que pierde, no la que viola”.

Aclaró que la violencia de género no se limita a violaciones. “Violencia de género comprende cualquier tipo de agresión física, psicológica, económica o emocional ejercida contra mujeres y niñas. Comprende tanto el espacio doméstico como la comunidad, y también las diversas formas que asume el Estado a través de sus instituciones”.

Chiarotti también analizó la relación entre pobreza y violencia. “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que, a mayor pobreza, mayor violencia contra la mujer. Eso es peligroso, porque podríamos concluir que los pobres son violentos, o que los pobres son más violentos que los no pobres. Eso es absolutamente falso. La violencia está en todas las clases sociales, y es más perversa cuanto más sube en la escala social. El golpe se ve, pero en las clases altas, además de que te maquillas para disimularlo, no vas a la comisaría”, afirmó.

“El desafío de quienes componemos la Convención, que estaremos en ese marco dos años y trabajaremos ad honorem, es diseñar informes y estudios. El impacto que estos trabajos puedan tener se podrá medir en un mediano plazo. Además, es importante que la gente conozca esto, porque la sociedad civil puede tener un gran impacto sobre las decisiones políticas. En cualquier caso, también dependerá de la voluntad que tengan los gobiernos de escucharnos o no”, sostuvo finalmente Susana Chiarotti.

05/YT