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martes 23 de agosto de 2005
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Falta evidencia: Rocatti
No se resolverán todos los casos de feminicidio

María de la Luz González Cimac | México, DF

La fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para Ciudad Juárez y Chihuahua, Mireille Roccatti, advirtió que no todos los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez podrán resolverse, porque en varios casos no hay evidencia alguna para hacer la investigación y castigar a los culpables.

“Existen entre siete y diez casos en los que se desaparecieron expedientes, y no hay ni de dónde echar mano para una investigación; no hay ni evidencia, no hay nada. Hay que reconocerlo: eso es parte de hablar con la verdad y de hacer justicia, como también lo es sancionar a los responsables que incurrieron en negligencia”, afirmó.

En entrevista con Cimacnoticias, la funcionaria aseguró que la PGR ya entregó a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua la relación y los señalamientos correspondientes de 81 servidores públicos que actuaron de manera negligente o encubrieron a los responsables de los homicidios.

Por ello, dijo, es la Procuraduría estatal la que tiene que actuar y someter a esos servidores públicos a proceso penal o administrativo, lo que ya se está haciendo en algunos casos.

Roccatti defendió también la creación del Fondo de Auxilio para los familiares de las víctimas de feminicidio, y aseguró que se apega a los criterios de reparación del daño establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estos criterios son los que adoptamos nosotros de Naciones Unidas. En la legislación nacional no existe algún criterio para una indemnización de esta naturaleza; tuvimos que recurrir a los tratados internacionales para fundamentar legalmente este fondo”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos de legisladoras, organizaciones civiles y familiares de las víctimas sobre el hecho de que el Fondo de Auxilio no consideró el elemento central de la reparación del daño, que es el de hacer justicia, afirmó que la reparación del daño también significa apoyar a los familiares y víctimas con atención médica, psicológica, asesoría legal y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado.

Para la funcionaria, ese reconocimiento se dio el 11 de agosto, cuando la comisionada Guadalupe Morfín rindió su informe y, en ese mismo acto, el presidente Vicente Fox aceptó públicamente la responsabilidad del Estado, y se refrendó cuando la comisionada pidió perdón en nombre del gobierno federal.

Sobre los señalamientos de los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, en el sentido de que esas declaraciones no implican todavía el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, dijo que “hay un avance en esto, no se trata de que yo o alguien más esté de acuerdo”, sino que se están cubriendo los lineamientos establecidos en el ámbito internacional.

Consultada sobre el documento que las comisiones especiales de seguimiento a los feminicidios del Senado y la Cámara de Diputados entregaron a la PGR, con un planteamiento sobre el concepto de reparación del daño de acuerdo con los criterios del sistema interamericano de derechos humanos, la fiscal comentó que “se está estudiando”.

Sobre las críticas del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, a la falta de actuación del gobierno federal, la fiscal especial consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también debería de actuar más.

“Desde 1999 hasta el 2003, cuando emitió su informe, no actuó absolutamente nada en este expediente”, destacó Roccatti, quien como titular de la CNDH emitió la primera recomendación del organismo sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez: la 44/98, que sigue pendiente de cumplimiento.

05/LG/YT


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