El Colectivo Huaxyacac pidió esta tarde al relator especial para México y Asuntos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor José Zaraquett Daré, que asuma la problemática de la violencia contra las mujeres indígenas de Oaxaca como un asunto prioritario a atender, “pues estamos hablando de vidas de mujeres y del impacto de la violencia en sus familias y comunidades”.

En voz de Aline Castellanos Hernández, el Colectivo Huaxyacac presentó un breve informe de la situación de la violencia hacia las mujeres y señaló que el feminicidio es una de sus expresiones más brutales. Las cifras para Oaxaca no hacen sino confirmar esta dolorosa y terrible realidad.

También demandó la atención de la CIDH para que el gobierno estatal, a través del Legislativo, haga las modificaciones necesarias a las leyes y reglamentos para que, en caso de violación, las mujeres puedan acceder al aborto, como establece en la ley, y evitar casos como el sucedido el año pasado a una joven sordomuda a quien las autoridades ministeriales primero, y luego las de salud, negaron su derecho al aborto.

Castellanos Hernández dijo que las cifras oficiales de encuestas dan a Oaxaca entre el tercer y el quinto lugar nacional de muertes de mujeres por causas violentas y recordó que, en cuanto a violencia psicológica hacia mujeres, la entidad ocupa el tercer lugar.

Explicó que un informe elaborado por el Colectivo Huaxyacac, cuya copia se entregó a la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios de la Cámara de Diputados, se dio cuenta de 42 asesinatos de mujeres en el año 2004; para junio pasado ya se contabilizaban 26 asesinatos de mujeres en este año 2005, principalmente en fuentes hemerográficas.

La activista en derechos humanos manifestó que en Oaxaca el gobierno estatal ha hecho caso omiso a los llamados de la sociedad para atender la problemática de violencia contra las mujeres, misma que puede verse en todos los rubros, por lo que aseguró que impera la impunidad.

En ese sentido, consideró que el estado de Oaxaca no acata las convenciones internacionales como CIPD Cairo 94, la CEDAW y la Convención Interamericana Contra la Violencia Hacia la Mujer, conocida como Belem do Pará, por nombrar algunas.

Por lo mismo, dijo la activista, “solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Relatoría de Asuntos Indígenas que usted coordina, que asuman la problemática de la violencia contra las mujeres indígenas”.

Castellanos aseguró que la respuesta de los gobiernos estatales anterior y actual ha sido escasa y muy pobre, mostrando claramente un desinterés por esta grave violación a los derechos elementales de las mujeres.

Apuntó que la actual ley de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, a ocho meses de gobierno, no ha cumplido con las mínimas obligaciones y su Consejo rector no ha sesionado aún. Ha proliferado, como costumbre local, hacer anuncios de propaganda sin cumplirlos.

Así ha sido con la creación de un nuevo local y el presupuesto para la Procuraduría de la Mujer, el Menor y la Familia, el refugio estatal para la mujer violentada y, recientemente, la Fiscalía Especial para delitos contra la mujer; esta última no cuenta con presupuesto, personal, programa ni marco jurídico para actuar, a pesar de las amplias facultades para abordar el problema.

La integrante de la asociación civil Mujer Libre recalcó que el Colectivo Huaxyacac propuso una agenda de género a los candidatos a gobernador en las pasadas elecciones, misma que firmó el actual gobernador. Sin embargo, aunque su compromiso era dar cuenta a los 100 días de cómo su gobierno incorporaría soluciones a las diversas problemáticas que afectan a las mujeres, incluidas las diversas modalidades de violencia contra ellas, se ha negado a responder y a recibir al colectivo, haciendo caso omiso de su compromiso por escrito y de su firma.

“No ha sido la única vez que nos encontramos con un muro las organizaciones sociales -señala Castellanos-. Innumerables veces hemos solicitado el cumplimiento de las leyes y de los compromisos suscritos por el nuevo gobierno estatal de Ulises Ruiz, con respuestas a la altura de la gravedad del problema; sin embargo, nos hemos encontrado con las puertas cerradas al diálogo; con la simulación y el desinterés por atender y prevenir la violencia hacia las mujeres en un estado eminentemente indígena, donde a la violencia contra ellas se suma la triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres y por pertenecer a comunidades indígenas.

05/SJ/YT