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martes 9 de agosto de 2005
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REFLEJOS LEGISLATIVOS
Reparación del daño

Lucero Saldaña* Cimac | México, DF

La Cámara de Diputados aprobó un monto de 31 millones de pesos para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, asignados a la Procuraduría General de la República y destinados al Fideicomiso para este fin. Así mismo el Ejecutivo Federal destinó 25 millones y el gobierno del estado de Chihuahua aportó cinco millones de pesos más.

En tal virtud, la Procuraduría General de la República crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en julio de este año, emitiendo los lineamientos generales a los que habrá de sujetarse la administración, aplicación y entrega de los recursos.

Sobre este tema las Comisiones Especiales en ambas cámaras para el seguimiento del feminicidio encontraron varias preocupaciones, mismas que fueron entregadas al procurador. Es claro que el término de auxilio económico no cumple con las obligaciones que México tiene con las víctimas y sus familiares, y que promueve políticas asistenciales que no cumplen con los lineamientos internacionales en esta materia.

Ambas comisiones consideran que los criterios que deben prevalecer para la reparación del daño, son lo que se han establecido en el derecho internacional, principalmente los señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que son más amplios y benéficos para las víctimas, independientemente de que se trata de criterios aplicables a nuestra región.

La naturaleza de los tratados de derechos humanos es distinta a la de los tratados multilaterales tradicionales, su finalidad es proteger a los seres humanos. Se basan esencialmente en el principio de aplicación de la norma que más favorezca a la persona. Es decir, en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez y en Chihuahua, se ha violado de manera sistemática tanto el derecho a la vida y seguridad de las mujeres como el derecho al acceso a la justicia, y por lo tanto se requiere de una reparación integral y no únicamente económica.

México tiene la obligación de reparar el daño de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana, no importa que la Corte no haya condenado al Estado mexicano, porque la justicia internacional es complementaria del sistema doméstico, nuestro país tiene la oportunidad de resolver las violaciones cometidas y de buena fe repararlas antes de verse involucrado en un litigio internacional.

Se debe entender que la reparación del daño es un término genérico, el cual se compone de las diferentes formas de cómo un Estado puede hacer frente a su responsabilidad, por ello debe regirse por lineamientos que deben tender a desaparecer los efectos de la violación cometida, la naturaleza y el monto deben desprenderse del daño ocasionado tanto en el plano material y en el moral, y debe ser justa y equitativa.

Cuando se trata de un Estado federativo como el nuestro, el gobierno federal responde en la esfera internacional por los actos practicados por las entidades que componen la federación, teniendo la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el deber de reparar el daño no se satisface solamente por medio del apoyo económico. En primer término, debe ponerse fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que los familiares se encuentran, es decir, otorgar el conocimiento completo y público de la verdad, entendido como el derecho a saber que tienen las víctimas y sus familias.

El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a las violaciones de sus derechos humanos, sus circunstancias específicas y la identidad de las personas que participaron en ellos. Es parte de este derecho la garantía de no repetición, la rehabilitación, la satisfacción que conlleva la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades. La cesación de las violaciones sólo será posible con la coordinación adecuada de las diferentes instituciones de gobierno, en este punto se ubican los programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Sólo al considerar estos elementos, se podrá hablar de una reparación integral.

*Senadora

05/LS/GM

lsaldana.spri@senado.gob.mx


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