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martes 9 de agosto de 2005
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OPINIÓN
Impunidad y la corrupción legitiman feminicidio

Rosa Icela Ojeda Rivera* Cimac | México, DF

Ha sido la violencia recurrente y sistemática hacia las mujeres, usada como mecanismo de control social, lo que permitió desde tiempos inmemoriales que este grupo numéricamente mayoritario fuera reducido y subordinado a lo largo de la historia por grupos numéricamente inferiores. En la medida que la sociedad ascendió a procesos de civilización más elevados, fueron los hombres quienes pactaron y construyeron formas de convivencia, instituciones y ordenamientos que les permitieran ejercer el poder entre ellos; en esos pactos las mujeres estuvieron incluidas, pero sólo como parte de lo pactado.

El derecho sirvió para regular el uso de la violencia como facultad del Estado, excluyéndola del ámbito de la venganza privada, pero en el caso de las mujeres fue hasta fechas muy recientes que delitos como el conyugicidio, la defensa del honor y la violación en el matrimonio salieron del ámbito privado o, para ser más exactos, dejaron de ser un derecho del pater familias y fueron incluidos como delitos del orden público, lo cual sin lugar a dudas ha sido un avance importante ya que implicó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el derecho a que éstos fueran “protegidos” por el Estado, incluyendo por supuesto el bien de mayor rango y sin el cual los demás no existen: la vida.

La construcción de “sociedades democráticas” obligó al reconocimiento de la igualdad formal de los sexos aunque, en el ámbito de la realidad, las reformas a la legislación y las políticas públicas hasta hoy diseñadas han sido insuficientes para impedir la persistencia de la subordinación y la violencia hacia las mujeres. En esta tarea ha sido muy oportuna la labor de las “observadoras”, quienes han alertado de la exacerbación de la violencia extrema hacia las mujeres o feminicidio, la cual es ya jurídicamente ilegal pero social y políticamente sigue estando legitimada y jurídicamente protegida y alentada por mecanismos como la corrupción en las esferas de impartición de justicia y la impunidad para los agresores.

Como un ejemplo de ello daremos los datos del estado de Guerrero: del mes de mayo de 2002 a mayo de 2005 la Procuraduría de Justicia inició 257 averiguaciones previas por homicidios dolosos realizados en contra de mujeres; de estas averiguaciones sólo 157 casos tenían inculpado; 112 de ellas fueron consignadas a la autoridad judicial y, hasta donde sabemos, sólo en un caso se dictó sentencia judicial imponiendo 25 años de prisión al responsable, el cual quedó en libertad a principios de este año por la vía del amparo. En esta entidad los casos de corrupción en la justicia han sido más que emblemáticos, sólo por recordar uno de ellos mencionaré el caso del feroz asesinato de la niña de seis años Merle Yuridia, ocurrido en octubre de 1986, cuyo agresor Alejandro Braun Díaz logró su libertad mediante soborno a un ministro de justicia del Máximo Tribunal de país de nombre Ernesto Díaz Infante.

Es de esta manera como a los patrones sociales y culturales de exclusión y machismo se suman la corrupción y la impunidad para preservar en estatus de minoría a un grupo numéricamente mayoritario, las mujeres.

05/RIOR/GM

*Escritora y periodista, directora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero


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