La periodista y activista Lydia Cacho, acusada por difamación por el industrial textilero Kamel Nacif luego de que ella evidenciará una red de empresarios pederastas, comparecerá mañana en el Juzgado Quinto de lo Penal en la capital poblana.

En una carrera contra el tiempo para aclarar su situación y evitar un auto de formal prisión, Lydia Cacho dará su postura ante la jueza Rosa Felia Pérez González a las 13 horas del jueves 22 de diciembre en el juzgado con domicilio conocido sobre la carretera a San Miguel El Batán.

La víspera de la Nochebuena, a las 10 de la mañana, la jueza penal podría dictaminar si Lydia Cacho tendrá que seguir su proceso en libertad o encarcelada.

El pasado 16 de diciembre, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida por la policía en su casa de la ciudad de Cancún. Los policías la llevaron a una distancia de mil 500 kilómetros, a la ciudad de Puebla. Estuvo detenida durante 30 horas por cargos de difamación antes de ser puesta en libertad bajo fianza.

Cacho Ribeiro es periodista y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores, y la impunidad de que suelen gozar los responsables.
Este mismo año publicó un libro en el que denuncia la participación del empresario Kamel Nacif Borge en una red de pornografía infantil.

Dicho empresario, con sede en Puebla, presentó una querella por difamación contra ella, y la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una investigación preliminar. A consecuencia de todo ello, un juez dictó una orden de detención en su contra, misma que fue cumplimentada el pasado viernes.

Cuando la policía la llevó a Puebla, en un viaje por carretera que duró 10 horas, la pusieron bajo custodia, y después la hicieron comparecer ante un juez que la puso en libertad bajo fianza, misma que fue fijada en primera instancia en 170 mil pesos y que, al ser renegociada, se estableció en 30 mil pesos.

Lydia Cacho Ribeiro ya ha sufrido amenazas e intimidaciones anteriormente a consecuencia de sus actividades en favor de los derechos humanos; situación por la que autoridades le proporcionaron cierta protección policial, lo que le ha permitido continuar con su trabajo.

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