El viernes 16 de diciembre, la periodista y destacada defensora de los derechos humanos de las mujeres Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, Quintana Roo. Debe responder ante un juez por el delito de difamación y calumnia, de lo que se le acusa a propósito de uno de los señalamientos que hace en su libro Los demonios del Edén, donde publica el caso más importante de pederastia que se sigue en ese paraíso turístico. Mi pregunta es: ¿y a nosotros, como sociedad, quién nos responde por la vida e integridad física y mental de Lydia Cacho?

No es una pregunta menor, porque Lydia, desde fines del año pasado, ha sido amenazada de muerte de manera reiterada precisamente por su trabajo en defensa de las mujeres violentadas y, por supuesto, por las denuncias públicas que ha realizado por el caso de pederastia en Cancún, en el cual salen a relucir nombres de empresarios y políticos mexicanos con mucho poder.

Desde hace casi 20 años Lydia Cacho se dedica a defender los derechos humanos de las mujeres. Con esa misión autoimpuesta ha escrito dos libros, así como artículos y ensayos publicados en diversas partes del mundo; fundó el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Cancún, que da apoyo y protección a mujeres e infantes víctimas de violencia; ganó el Premio Estatal de Periodismo 2002 y es especialista en temas de violencia y género para UNIFEM.

Como parte de su labor, protegió y apoyó a jóvenes y niñas víctimas del libanés nacionalizado mexicano Jean Succar Kuri, acusado de pederastia y probablemente vinculado con una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil. El seguimiento de este caso y la publicación de los nombres de varios hombres poderosos mencionados en el curso de las investigaciones le han valido a la periodista distintas amenazas de muerte.

Asimismo, a lo largo de este año fue amenazada y constantemente hostigada por un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y por un narcotraficante, debido, en ambos casos, a que brindó protección a las esposas e hijos/as de estos sujetos cuando acudieron al CIAM en busca de apoyo y refugio.

En todos los casos, Lydia Cacho interpuso una y otra vez las demandas correspondientes. Incluso el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, emitió el pasado 3 de febrero una carta dirigida a las autoridades mexicanas federales y de Quintana Roo solicitando protección para la periodista. Como consecuencia, el entonces procurador general de la República le asignó a otros agentes de la AFI para que la protegieran, y hasta el sol de hoy ninguno de los denunciados ha sido detenido.

Sin embargo, la rapidez y eficiencia con la que actúan dependencias encargadas de eso que llaman en México procurar justicia es, a veces, asombrosa. El poderoso empresario textilero radicado en la ciudad Puebla Kamel Nacif Borge, mejor conocido como el Rey de la mezclilla, señalado en el libro de Lydia Los demonios del Edén como compadre y socio de Succar Kuri, interpuso una denuncia por difamación en octubre pasado.

En menos de dos meses el juez quinto penal de Puebla giró orden de aprehensión, y en menos de dos horas, el 16 de diciembre, Lydia fue detenida por elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, incomunicada, entregada a los elementos de la Policía Judicial de Puebla, sacada por la puerta de atrás de la corporación e introducida a un vehículo para ser trasladada por carretera a la ciudad de Puebla, en un camino que sin parar se recorre en unas 20 horas.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo actuó, al parecer, apegada a derecho. Cumplió puntualmente y con inusitada eficiencia el convenio de colaboración suscrito con la Procuraduría de Puebla. Mi pregunta es: sabiendo que ha sido amenazada de muerte y hostigada por diversas personas, entre ellas por al menos un elemento policiaco y un narcotraficante, ¿no debió seguirse un procedimiento especial que incluyera máxima protección para que ella respondiera a la justicia poblana de lo que se le acusa?

¿No es por lo menos sospechoso que la Procuraduría de Quintana Roo haya permitido que Lydia viajara más de veinte horas, sola, en un vehículo con dos judiciales y un chofer, por carreteras que en sí mismas pueden entrañar diversos riesgos? ¿Quién responde por la vida e integridad física y mental de Lydia Cacho?

Mientras escribo estas líneas me entero de que Lydia llegó a Puebla, donde responderá por el delito de difamación de que se le acusa. Un delito menor, dicho sea de paso, por el que obtendrá libertad bajo fianza.

El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, afirmó que no se trata de un ataque a la libertad de expresión y que el asunto es una competencia de las autoridades de Puebla.Ya sabemos entonces, por los hechos y los dichos, que el gobierno de Quintana Roo en este asunto se lava las manos. Sabemos también que Lydia responderá ante la ley de Puebla de lo que se le acusa. Lo que no sabemos ahora y en adelante es: ¿quién responde por la vida e integridad física y mental de Lydia Cacho?

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

*Periodista mexicana

05/YT