Termina el año 13 desde que se iniciaron las denuncias por los desconcertantes asesinatos de mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez y en Chihuahua. En 2005, se acumularon muertes y acciones sin que el fenómeno apunte a su extinción.

Apenas el 24 de diciembre apareció el cadáver de Claudia Flores Javier, de 17 años, en su departamento, con señas de muerte por arma blanca y ataque sexual, según la prensa local que reportó también el asesinato con arma de fuego, a manos de su ex esposo, de Patricia Rodríguez Hernández, de 38 años de edad.

El 21 de diciembre se dio a conocer el asesinato de una trabajadora sexual sin identificar quien también tenía rastros de agresión sexual.

Así, suman 36 las víctimas de feminicidio del año tan solo en la zona cercana a Ciudad Juárez, cifra similar a la del año 2004.

El feminicidio se mantiene igual pese a que el 2005 inició con un señalamiento de la Comisión para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) al presidente vicente Fox por las 352 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, tras una denuncia de Casa Amiga y la organización Equality Now.

Las expertas de la Organización de Naciones Unidas hicieron hincapié en que las “graves y sistemáticas violaciones de los derechos de las mujeres se hayan mantenido durante más de diez años”, al tiempo que expresaron su consternación “debido a que no se ha logrado aún erradicarlas, sancionar a los culpables y prestar la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas.”

El 20 de abril tocó el turno a la relatora de la Comisión de Equidad y Género del Consejo de Europa, Ruth Gaby Vermouth Mangold, quien en visita oficial a México señaló la incompetencia y la negligencia, sumadas a la corrupción, que han prevalecido en la actuación de las autoridades estatales y federales para resolver los asesinatos de mujeres en México.

Asimismo, criticó que las autoridades trabajen tan lentamente: invierten mucho tiempo en la revisión de expedientes, “e incluso han recurrido a la tortura para obtener confesiones falsas”.

Para mediados de mayo se contaban ya 13 nuevos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y el registro oficial ascendía a cinco mil 242 muertes violentas de mujeres en México en un año: 14 por día.

El 8 de agosto, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, inició una tercera gira por Ciudad Juárez y Chihuahua para dar seguimiento a los compromisos contraídos por el gobierno mexicano un año antes para atender y resolver los crímenes perpetrados contra mujeres en la entidad.

En medio de su visita, se reportó la desaparición -el 7 de agosto-de Adriana Iveth González Zavala, de 15 años. El 18 de agosto su cuerpo fue localizado y se resolvió que la causa de la muerte fue fractura de cráneo provocada por un objeto pesado.

Era la segunda víctima de una misma familia proveniente de Sisoguichi, comunidad indígena tarahumara. En el 2001, también a los quince años, asesinaron a Erika Ivonne Ruiz Zavala, cuya madre milita desde entonces en la organización Justicia para Nuestras Hijas.

El 13 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la creación de la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra las Mujeres, una instancia permanente, con actuación en cualquier punto del país, como resultado de una propuesta de las comisiones unidas de Seguimiento a los Feminicidios y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado.

El 14 de septiembre, Mireille Rocatti Velázquez renunció a la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a tres meses y medio de haber asumido ese cargo en sustitución de la primera fiscal, María López Urbina.

Dejó el espinoso puesto para fungir como secretaria de Ecología en el nuevo gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto.

En Madrid, España, se realizó la tercera reunión del Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida el 15 y 16 de septiembre; legisladores de México, España y Guatemala evaluaron la posibilidad de considerar esa forma de violencia como un crimen de lesa humanidad.

Apenas en diciembre asumió su cargo a la cabeza de la Fiscalía Especializada para Delitos Violentos contra las Mujeres Alicia Pérez Duarte, quien ha fungido como directora para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

Para el año nuevo, 2006, se anuncia un mapa sobre la situación del feminicidio en 11 entidades: Chihuahua, Quintana Roo, Distrito Federal, Estado de México, Sonora, Baja California, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos, tras una investigación de la comisión legislativa encargada del asunto, encabezada por la diputada perredista Marcela Lagarde.

*Periodista mexicana

05/MR/YT