Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en Madrid el informe que pretende ir “más allá del papel” para hacer realidad la protección y la justicia para las mujeres ante la violencia de género en el ámbito familiar.

El documento señala que de acuerdo a testimonios, mujeres que decidieron denunciar, se encontraron con la desaprensión e indeferencia de autoridades o bajo sospecha de mentir, inventar o exagerar sus relatos.

Agrega que “AI recogió testimonios de denunciantes que, desprovistas de asistencia legal o incluso en presencia de quienes tenían a su cargo la representación legal de aquellas, fueron objeto de interrogatorios discriminatorios, insensibles e imprudentes que las desalentaron de continuar”.

En su análisis la organización internacional se refiere a las concepciones y enfoques que han gobernado en gran medida los servicios y desempeños de las y los funcionarios y agentes, han estados guiados bien por apreciaciones inspiradas en estereotipos de género.

Asimismo, por consideraciones que desplazan hacia las mujeres la responsabilidad de su situación o por criterios de exclusión basados en discriminación por situación administrativa, motivaciones racistas o por origen, situaciones de discapacidad mental o física, condiciones de salud y de otra índole.

Puntualiza AI que “ha llegado la hora de que el Estado español elimine todos los obstáculos a los que ellas se han enfrentado y que garantice a todas las mujeres protección y justicia”.

Destaca que, hasta, la reciente aprobación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, no existía un reconocimiento institucional de la especial vulnerabilidad y desventajas de ciertos colectivos de mujeres entre los que destaca a las inmigrantes.

Las mujeres sin documentación se encuentran desprotegidas debido a las trabas en el acceso a los recursos de acogida y en la percepción de ayudas económicas para víctimas de violencia de género.

A pesar de que en 2001 las mujeres extranjeras constituían 34,13 por ciento, los recursos no estuvieron preparados para facilitar atención adecuada a personas procedentes de ámbitos culturales muy distintos al español.

El informe que contempla, cifras, análisis y citas de documentos de organismos internacionales, termina con una serie de recomendaciones al Estado español entre las que se contempla el desarrollo de normas reglamentarias y presupuestos suficientes; revisión y evaluación periódica la eficacia de las medidas legislativas y el desarrollo de mecanismos, para con la participación de las organizaciones de mujeres poner en práctica planes y programas.

Propone sobre el derecho de las sobrevivientes un trato justo y adecuado al denunciar y durante los procesos judicial; obligación de investigar con la debida diligencia, perseguir y sancionar el delito; acordar órdenes de protección a las víctimas y derecho a una reparación oportuna y lo más completa posible.

2005/FC/SJ