Organizaciones no gubernamentales promueven una acción urgente para exhortar al gobierno mexicano y a las autoridades del estado de Chihuahua, a que investiguen de manera pronta, completa e imparcial los feminicidios registrados en México, combatan la impunidad y reparen el daño causado a las víctimas y sus familias.

Organismos no gubernamentales iniciaron, mediante el envío de cartas, faxes y mensajes de correo electrónico a las instancias responsables de procuración de Justicia, al Presidente Vicente Fox y al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, entre otros, esta acción urgente.

En este caso, la convocatoria a la sociedad civil tiene como punto de reflexión el video “Doble injusticia: Feminicidio y tortura en Ciudad Juárez y Chihuahua”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la organización Witness.

El video narra la historia de la Neyra Azucena Cervantes, una joven desaparecida el 13 de mayo de 2003 y de su primo, Miguel David Meza Argueta, quien fue torturado para confesar el asesinato de la joven. El video llama la atención sobre el clima de violencia contra las mujeres que se vive el fronterizo estado de Chihuahua.

Cabe señalar que la carta con que se promueve la acción urgente, señala que varias organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han documentado cerca de 400 casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua desde 1993.

También explica que en la mayoría de las investigaciones las autoridades han actuado de manera negligente o simplemente no se ha hecho un trabajo serio y completo para determinar la identidad de los responsables.

Sostiene que las historias de Neyra y Miguel David son comunes en Ciudad Juárez y Chihuahua, y ejemplifican la doble injusticia que muchas familias sufren en esa región del país, por no haber obtenido respuesta sobre lo sucedido a sus hijas ni sobre la identidad de los responsables.

Pero, además. Tienen que cargar con el peso de probar que quienes han sido torturados y puestos en prisión no son los responsables de dichos hechos”, precisa.

Destaca que siguen apareciendo en un ritmo alarmante cuerpos de mujeres que a menudo muestran signos de violencia sexual y sólo en 2005 se han registrado más de 15 casos. Adicionalmente, destaca, las organizaciones han documentado casos de presuntos responsables que alegan haber sido torturados y forzados a confesar su responsabilidad.

“La investigación y sanción de los verdaderos responsables contribuirá a dar solución de manera integral y efectiva a la terrible situación de violencia e impunidad que se vive en nuestro país, en cumplimiento de la obligación del Estado mexicano de respetar y garantizar una vida sin violencia para las mujeres”, puntualiza el texto.

En ese sentido, se hace un exhorto a las autoridades mexicanas, tanto federales como de Chihuahua, a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial el pleno goce y ejercicio del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad personales, a la igualdad, las garantías judiciales, la protección a la familia y a la protección judicial.

Las insta, además, a adoptar las disposiciones internas relacionadas con las obligaciones genéricas del Estado de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a toda persona sujeta a su jurisdicción, así como las derivadas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y las de la Convención de Belem do Para.

Las cartas están siendo dirigidas al Presidente Fox; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; la procuradora general de Justicia de ese estado, Patricia Lucila González Rodríguez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua; al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario I. Álvarez Ledesma y a la fiscal especial para la Atención de los feminicidios en Ciudad Juárez, María López Urbina.

2005/LG/SJ