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martes 10 de mayo de 2005
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OPINIÓN
Pacto para el combate a los feminicidios

Leticia Burgos* Cimac | México, DF

Los días 5 y 6 de mayo, parlamentarias de España, Guatemala y México nos reunimos para deliberar, acordar y unir esfuerzos en el combate a la violencia hacia las mujeres, convocadas por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial para investigar sobre los feminicidos de mujeres en nuestro país.

Un evento de singular trascendencia cuando la realidad ha rebasado a las instituciones del concierto de las naciones, a la ONU y sus instrumentos de seguimiento y evaluación de los acuerdos internacionales, y en nuestro país a los tres poderes de la Nación.

Abatir la pobreza en todos los sentidos, material y ética es el gran derrotero global, tanto la desigual distribución de la riqueza como la violencia en general y, en particular, la violencia de género son sin lugar a duda, los dos principales desafíos de las democracias liberales en el mundo.

Al tenor de éstas y otras reflexiones sobre los hechos ominosos contra mujeres, coincidimos en que con nuestra acción hemos contribuido a nombrar y definir la realidad discriminatoria, excluyente y desigual ante los géneros, como el hecho de combatir la falsa creencia de que la violencia es inevitable.

También creemos que se requiere de la voluntad política de los gobernantes, de los tomadores de decisiones para abordar el fenómeno de la violencia con la importancia que amerita.

En el foro, se recalcó que gracias a la persistencia y tenacidad del movimiento amplio de mujeres y de feministas que acompañan la acción legislativa, la denuncia como el estudio de los actos atroces contra la vida de las mujeres ha hecho que la problemática sea de interés global y nacional.

Así, se dijo, que para las Américas contamos con un instrumento de carácter vinculante para combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres:

La Convención Interamericana contra la violencia hacia las mujeres “Belén Do Pará”, que ha sido de gran utilidad para tipificar con mayor claridad las distintas formas de violencia, entendida como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado.

Así como buscar erradicar los conceptos misóginos, como el de crimen pasional y definir jurídicamente la violencia sexual, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la violencia callejera y otras formas de violencia de género como la laboral, la mental, la intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política, como parte de un mismo fenómeno social y criminalístico: tipificado así desde nuestro punto de vista el feminicidio.

En nuestras leyes como en los códigos, sin embargo, aún se mantienen conceptos y sanciones alejados de los logros y acuerdos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos hacia las mujeres.

Ante ello se requiere un mayor debate para la comprensión del fenómeno de la violencia, como mecanismo de opresión hacia las mujeres y actualizar el marco jurídico y, por ende, a la determinación de políticas y presupuestos de Estado para hacerle frente a la violencia hacia las mujeres.

Sólo como ejemplo, en México según la secretaría de Desarrollo Social, cada año son asesinadas mil 200 mujeres, es decir, tres cada día por violencia; otras 13 mujeres mueren al día por cáncer cérvico-uterino y 11 por cáncer mamario.

Y, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el 27 por ciento de las mujeres sufre violencia económica en México y el 48 por ciento de la población femenina padece algún tipo de agresión, según la Encuesta Nacional sobre al Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2003.

En Sonora un promedio de tres mujeres por mes son asesinadas, señalan las estadísticas del 2000 a la fecha, cifra similar a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, acumulados en más de una década de impunidad.

Las parlamentarias y parlamentarios reunidos en la ciudad de México sabemos de los enormes desafíos, por ello convenimos en conformar una Red Interparlamentaria POR EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Una red que haga frente a los feminicidios, coordinar esfuerzos para fomentar la creación de políticas de Estado para enfrentar la violencia hacia las mujeres; promover la tipificación del feminicidio como crimen de lesa humanidad en la legislación internacional.

Además, actualizar nuestras legislaciones y mantener un diálogo permanente con las instancias nacionales e internacionales encargadas del seguimiento de acuerdos relativos al combate a la violencia hacia las mujeres, como la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA y el Comité de Seguimiento de la Convención contra todas las Formas de Discriminación hacia las mujeres (CEDAW) de las Naciones Unidas.

Sen. Leticia Burgos Ochoa lburgos@senado.gob.mx

2005/LB/SJ


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