La muerte -en el penal femenil de Santa Martha Acatitla- de Norma Angélica Ortega Sierra, quien tenía 29 años, a causa de una supuesta falta de atención médica, se podría haber evitado.

Así lo aseguran diversos diagnósticos que desde el año pasado prendían una alerta roja sobre los malos servicios de salud para las reclusas del Distrito Federal, al igual que las mujeres del dormitorio E, quienes por esta razón iniciaron el motín en la madrugada de este 18 de octubre.

Gerardo Covarrubias, coordinador operativo de la organización Ronda Ciudadana, que ofrece talleres de derechos humanos al interior del penal, afirma que desde el 2004 habían hecho entrega a las autoridades de un documento con las peticiones de las reclusas donde se hacía hincapié en la falta de medicamentos.

“Lo que es nuevo para nosotros es el intento de motín,” señala al reconocer que en este Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ha habido apertura para el ingreso de organizaciones de la sociedad civil como Ronda Ciudadana.

Desde su trabajo en Santa Marta Acatitla, con el proyecto Tejiendo Redes al Interior, los integrantes de la organización encontraron una gran preocupación por los servicios de salud.

“El año anterior, en esta línea, tuvimos una sistematización que recogía cada una de las inquietudes. En ese entonces, la directora del penal, la licenciada Briceño, recibió las propuestas que hacían ellas para mejorar la convivencia y la situación al interior del centro,” añadió Covarrubias en entrevista telefónica.

“Lo que nosotros hemos recogido es una preocupación en torno a la salud muy alta, sobre todo por la falta de medicinas”, abundó.

Pese a que ayer las y los talleristas no pudieron ingresar al penal tras el motín, han tenido comunicación con las autoridades penitenciarias que ofrecieron permitir su ingreso mañana miércoles para reponer la sesión del taller.

SE VEIA VENIR

Parece que la situación de las reclusas sólo despierta el interés periodístico cuando es demasiado tarde. Y aunque para las autoridades no se trate de un motín, los hechos no sólo desembocaron en una actuación policial con gases lacrimógenos, sino que sacaron a la luz las violaciones de los derechos humanos que se producen en el seno del Sistema Penitenciario Mexicano.

No existen muchos canales donde la población reclusa pueda hacer llegar sus demandas y derechos. Para corregir esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza diagnósticos y recomendaciones sobre la situación de las cárceles mexicanas.

Es responsabilidad del Estado ofrecer a la reclusas y los reclusos las instalaciones y los programas adecuados para su rehabilitación y posterior reintegración efectiva en la sociedad. Pero la Comisión ofrece un retrato de las cárceles bien diferente.

Las inspecciones que realizó en 2003 constataron que eran comunes las violaciones a derechos humanos, la inseguridad jurídica, el hacinamiento, las condiciones de vida infrahumana, la corrupción y los abusos cometidos por las autoridades.

El caso de las mujeres es de especial relevancia para la CNDH, porque sobre ellas se da una doble discriminación: por ser reclusas, con el estigma social que ello conlleva; y por su condición de género.

Por ejemplo, el uso de la violencia por parte de las mujeres es socialmente reprobable por su imagen de madres, esposas o hijas; de hecho, en 15.11 por ciento de las penas por la participación de las mujeres en delitos que atentan contra la vida, ellas son castigadas con mayor rigor.

La discriminación se reproduce en distintos aspectos del sistema penitenciario. Así, el notorio incremento de la población reclusa femenina -en febrero de 2003 había un total de 8 mil 065 internas- no se corresponde con el aumento o la mejora de las instalaciones.

Aún son prioridad las instalaciones para hombres: de los 448 centros de reclusión del país, sólo 11 eran denominados femeniles; en otros, el área para mujeres se anexa a la de los varones. La CNDH denuncia que el hecho de que la población reclusa femenina sea de 4 por ciento frente a la masculina no justifica el descuido de sus centros.

En cuanto al servicio médico, la Comisión denunció en 2002 la falta de atención sanitaria y la carencia de recursos técnicos, personales y materiales para ofrecer una atención inmediata.

Las reclusas con hijos también encuentran un sistema penitenciario deficiente que no ofrece un espacio adecuado para el desarrollo y crecimiento de los niños, dándose casos, como denuncia la Comisión, de 5 o 6 internas hasta con 3 hijos que comparten una celda pequeña en completo hacinamiento.

Hechos como el de Santa Martha Acatitla devuelven la mirada a la depauperada situación de las cárceles y la discriminación de las reclusas. Asimismo, reclaman la actuación efectiva por parte del Estado que, según el artículo 115 de la Carta Magna, debe hacerse cargo de los centros de reclusión de todo el país.

05/MR/ER/YT