La lucha por los derechos humanos es una de las batallas más largas; generalmente, se debe tener no solo valentía y coraje, sino la capacidad de no cansarse. Eso es lo que Digna Ochoa y Plácido demostró con su trabajo como abogada que la llevó a enfrentarse a un sistema legal anómalo que actualmente, a cuatro años de distancia, aún no logra esclarecer su asesinato.

Digna nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz, hija de Irene Alicia Plácido Evangelista y Eusebio Ochoa López. En esa localidad realizó sus estudios elementales y se trasladó a Xalapa para estudiar en la Facultad de Derecho, de donde egresó como abogada. Para Digna, esta sería su mejor arma en la defensa de los Derechos Humanos.

A fines de 1988, Digna ingresó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez del Distrito Federal, donde en 1993 fue nombrada asesora jurídica legal.

Entre los muchos casos que Digna Ochoa llevó en esto centro destacan la detención de presuntos zapatistas en Yanga, Veracruz, en 1995; la detención de Javier Elorriaga y Elisa Benavides en Cacalomacán, Estado de México, por su relación con el EZLN, y el caso de Anaversa, fábrica de químicos que hizo explosión en Córdoba, Veracruz, en 1995.

A estos casos se sumaron la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995; la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997; las ofensivas contra los municipios autónomos zapatistas en 1998; ese mismo año, el asesinato de 10 campesinos en El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ocurrido el 7 de julio, y la violación de dos mujeres por miembros del ejército mexicano en Barrio Nuevo San José, Guerrero.

Los últimos casos que llevó antes de su muerte fueron la detención y tortura de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por parte del ejército mexicano, en 1999; el de los hermanos Cerezo Contreras, detenidos como presuntos responsables de los atentados a Banamex, en la ciudad de México, en agosto del 2001, y la detención de mil estudiantes de la UNAM en el año 2000. UNAM.

Digna no solo ejerció el derecho: también perteneció a una comunidad religiosa. A los 22 años ingresó a la congregación de las Dominicas del Verbo Encarnado, en la Ciudad de México, e inició su noviciado dos años después. Su paso por esta comunidad duró una década.

Su trabajo la llevó a poner en riesgo su vida. Fue amenazada en reiteradas ocasiones y, al carecer de garantía para salvaguardar su integridad, salió del país para refugiarse en Washington, DC, Estados Unidos, en septiembre de 2000.

Durante este exilio, el 31 de octubre de ese año, Digna tomó la decisión de renunciar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. También recibió dos reconocimientos por su trabajo: la medalla Roque Dalton, en mayo del 2000, y la medalla Espíritu Perdurable, en Washington, DC. Esta distinción fue compartida con 50 defensoras y defensores de los derechos humanos.

En julio de 2001, Ochoa y otros integrantes del centro Pro denunciaron ser víctimas de hostigamiento y se quejaron de que la Procuraduría de Justicia del DF no había realizado las investigaciones correspondientes.

Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución dirigida al gobierno mexicano en la que le pidió adoptar sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de Digna. La recomendación no fue cumplida.

Digna Ochoa y Plácido, abogada y comprometida defensora de los derechos humanos, los derechos indígenas y el medio ambiente, fue asesinada con disparos de arma de fuego en la cabeza y las piernas el 19 de octubre de 2001.

Al momento de su muerte, Digna trabajaba en la defensa de dos campesinos ecologistas falsamente acusados por posesión de marihuana y armas de fuego, y en el caso de los hermanos Cerezo Contreras.

Digna nos heredó la lucha por el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y el deber ineludible de esclarecer su muerte.

*Integrante de la Red de Periodistas

05/EC/YT