Hoy, cuando la sociedad española progresa en políticas sociales, el Partido Popular activa toda su maquinaria jurídica para interponer recursos de inconstitucionalidad cuyo objetivo es la restricción de derechos de mujeres y homosexuales. La derecha, a lo largo de la historia, no tiene en su haber la lucha por la igualdad.

Recurrir al tribunal constitucional por la ley andaluza de paridad electoral y estar a punto de hacer lo mismo con la reforma legal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo hace que la propuesta política actual del Partido Popular sea conservar la más rancia tradición de la derecha patriarcal, informa el portal E-leusis.net.

No podemos decir que nos sorprenda que quieran restringir derechos, frenar o hacer retroceder el desarrollo democrático, pero en pleno siglo XXI no tiene justificación el argumento que esgrimen contra la ley de paridad electoral.

Al considerar "extremadamente dudoso que un determinado género parta de una situación de postergación", el Partido Popular niega la historia y nuestra más cercana realidad, ésa que sigue siendo fruto de determinados desequilibrios históricos que han hecho que las mujeres hayamos estado apartadas de todas las instancias de poder.

Desde la Antigua Grecia se nos han negado los derechos de ciudadanía a las mujeres; sólo los hombres libres intervenían y actuaban en el espacio público -el de la toma de decisiones-. Con la Revolución Francesa y la Ilustración ve la luz el nuevo contrato social: el poder pasa al pueblo y se eliminan los estamentos para llegar a un pacto de clases que permita una convivencia pacífica.

Ese pacto volvió a excluir a las mujeres del espacio publico, y el mismísimo Rousseau determinó que el lugar de las mujeres estaba en el hogar, el espacio privado destinado al cuidado. La lucha continuó y, ya en el siglo XX, se hizo realidad la conquista generalizada del derecho al voto para la mujer en occidente, sin olvidar que también en aquel entonces la derecha española se oponía a ello.

El Partido Popular niega lo obvio y no admite que el desequilibrio ancestral debe ser corregido con medidas de acción positiva; desconoce que la igualdad formal no es la igualdad real y que la neutralidad del sistema es sólo un espejismo lleno de sutiles discriminaciones.

Se coloca en contra de las medidas de acción positiva, como las llamadas "listas cremallera", porque no cree en la igualdad ni en el objetivo que persigue esta ley, que no es otro que eliminar barreras y facilitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en la vida política.

Los poderes públicos tienen encomendado, en el articulo 9.2 de la Constitución española, remover los obstáculos para facilitar la igualdad, y deben apostar por luchar desde el ámbito legal para erradicar el déficit que supone la infrarrepresentación de mujeres en el ámbito político.

Esta nueva forma de repartir el poder, contando con las experiencias y las expectativas de las mujeres para conseguir el equilibrio en los equipos de gobierno, generará un nuevo contrato social que conlleva un modelo de sociedad más justa.

05/EF/YT