Con la Declaración de Tlaxcala, las 250 delegadas de 22 países participantes del Segundo Encuentro de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe acordaron realizar, de agosto a octubre, campañas intensivas como un instrumento de presión para sus respectivos gobiernos, así como difundir a la población las luchas y propuestas de las trabajadoras rurales contra el proyecto neoliberal y los tratados de libre comercio que institucionalizan el exterminio de las mujeres rurales y sus familias.

Ellas acordaron el 15 de octubre como fecha formal para realizar, en cada uno de los países, una marcha simultánea a favor de la lucha de las mujeres rurales de América Latina y del Caribe con el objetivo de difundir sus trabajos y propuestas a la sociedad civil y a los gobiernos de cada una de las naciones, e impulsar una cruzada en toda la región por la documentación de las mujeres rurales, toda vez que, en países como Ecuador, más del 40 por ciento de las mujeres no cuenta con certificados de nacimiento.

Decidieron también emprender, el próximo 1 de diciembre, una campaña regional sobre la prevención del VIH/Sida; evaluar las políticas y los planes dirigidos a las mujeres rurales; hacer un boicot a los productos y alimentos transgénicos, así como llevar a cabo campañas de información y concientización en torno al respeto y la defensa de nuestros recursos naturales, las semillas autóctonas y las plantas medicinales.

Se proponen rescatar los conocimientos ancestrales sobre las técnicas de producción, preservación del agua y conservación de la Tierra; promover el conocimiento de los derechos ambientales y la participación en la elaboración de políticas y estrategias para preservar el medio ambiente, y dirigirse a las instancias internacionales para exigir a todos los países la preservación del medio ambiente.

Son mujeres campesinas, indígenas, amazónicas, aborígenes, negras, mestizas y blancas que hablan diversas lenguas, tienen distintas edades y viven en el medio rural de la agricultura y de la producción pecuaria. Ellas, en la Declaración final, exigen a sus respectivos gobiernos responder a las necesidades y demandas de las mujeres rurales con políticas publicas inclusivas, y con equidad, para enfrentar los problemas de pobreza, opresión y desigualdad que se han profundizado con el neoliberalismo.

También demandaron una mayor participación política en todas las instancias de toma de decisiones, tanto en la vida pública como en la familiar, y que cada país cuente con una ley de equidad de género que involucre la educación formal y no formal, pública y privada.

RESPETO A ACUERDOS INTERNACIONALES

Respecto a los acuerdos internacionales, solicitaron que las beneficiarias sean las mujeres; que se garantice en las legislaciones nacionales el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con los derechos indígenas y que se lleven a cabo las modificaciones de los Tratados de Libre Comercio que colocan en desigualdad a los campesinos latinoamericanos y discriminan a las mujeres. Acordaron también demandar que no se firme el Tratado de Libre Comercio; exigir a los Estados Unidos y la Unión Europea que eliminen los subsidios a los productos alimenticios que exportan a nuestros países, y un alto al Plan Colombia, a la militarización de ese país y a la fumigación con glifosfato.

Luego de cinco días de trabajo en el centro vacacional La Trinidad, las indíogenas decidieron fortalecer alianzas estratégicas con mujeres con representación política para hacer que los presupuestos en los diferentes niveles -nacional, regional y local- sean equitativos, con enfoque de género y generacional, y luchar por la democratización de los medios de comunicación para que contemplen y difundan la diversidad imperante en América Latina y el Caribe.

En materia de salud y seguridad social, solicitaron la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud, con equipamiento y medicamentos en las zonas rurales que atiendan a la diversidad cultural, y que los gobiernos implementen políticas de prevención y atención del VIH/Sida y de enfermedades venéreas.

También pidieron servicios de salud integrales para las mujeres víctimas de conflictos armados, programas de atención psicológica gratuita para las campesinas e indígenas, y un mayor fomento a sus derechos sexuales y reproductivos.

En educación, convinieron en que los presupuestos destinados a la educación deben garantizar la continuidad de la educación de las niñas rurales y desarrollar programas de rescate, revalorización y fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas, con enfoque de género.

Con respecto a la violencia, pretenden impulsar la creación de redes para la prevención de este flagelo hacia las mujeres rurales; exigir el cumplimiento de los acuerdos de reparación en casos de violencia de parte del Estado, y la asignación de recursos de para la implementación de albergues y casas de refugio para víctimas de violencia o abandono

En relación con las políticas económicas, condenaron la privatización de la tierra y de los recursos naturales que han favorecido a las empresas transnacionales en desmedro de las economías nacionales, y exigieron respeto a los territorios indígenas, a las tierras comunales y la aprobación de normas y procedimientos que garanticen el real acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, independientemente de su estado civil.

En cuanto al trabajo y el salario, las delegadas de 22 naciones hicieron hincapié en que se debe implementar una política de empleo con salarios justos, iguales y suficientes, para hombres y mujeres, que garanticen la vida digna de las y los campesinos a fin de evitar la migración

05/GV/YT