El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por 6 votos contra 4 investigar si el gobernador de Puebla, Mario Marín, violó los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho.

En una sesión de hora y media en la que los ministros analizaron el artículo 97 Constitucional sobre su facultad para atraer casos de violación grave a las garantías individuales, determinaron acceder a la petición de las cámaras de Diputados y Senadores.

De acuerdo con la prensa nacional, será la abogada Emma Meza Fonseca una de las dos magistrados aprobadas en votación para llevar a cabo las investigaciones del caso.

La votación tomó apenas cinco minutos y en ella los ministros José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Jesús Gudiño, Sergio Valls, Olga Sánchez y Juan Silva, votaron en favor de la atracción del caso.

Mientras que en contra de ejercer esta facultad se pronunciaron el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, la ministra Margarita Luna, el ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia y el primer ministro Juan Díaz Romero.

Mariano Azuela cuestionó el sentido del artículo 97 al que calificó de “oscuro e incongruente”, ya que plantea que la capacidad de atracción de la Corte puede darse para investigar cómo ocurrió un hecho que probablemente no se ha dado.

Argumentó que la Corte sólo puede y debe atraer hechos graves, como las masacres de Aguas Blancas.

“Yo no encuentro en este caso los hechos que me demuestren que ha habido graves violaciones; no veo en dónde está la gravedad de lo que se nos pide investigar”, dijo.

En contra parte y de manera tajante, el ministro Genaro Góngora resumió en una frase la urgencia y necesidad para que la Suprema Corte atrajera el caso, y se preguntó:

“¿Qué, debemos esperar a que maten a Lydia Cacho y a otras personas para que entonces el caso sí sea grave?”

Para el ministro Juan Silva Meza, investigar si hubo violaciones graves a los derechos de la periodista Lydia Cacho fue uno de los dos argumentos que utilizó ante el pleno. El otro giró en torno a la necesidad de llegar al fondo sobre la existencia de redes de pornografía infantil, corrupción y abuso de menores.

06/LR