Luego de un año de discusión y en respuesta a las pruebas documentadas de que la violencia contra las mujeres ha aumentado en forma alarmante en toda la República Mexicana, se aprobó en comisiones la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No obstante, las comisiones unidas de Gobernación, Equidad y Género y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, se negaron a crear el delito de feminicidio, argumentando que podrá establecerse en modificaciones futuras al Código Penal.

La nueva Ley, que forma parte de un conjunto de iniciativas de género promovidas en la presente legislatura, es la más avanzada de Iberoamérica afirmó la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, la principal impulsora de la ley que se aprobará antes del cierre de la presente legislatura.

La también presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio señaló que la ley reconoce, desde una perspectiva de género que la violencia contra las mujeres obstaculiza la igualdad y la democracia en México. Porque hasta ahora la política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres ha sido magra e insuficiente.

Se trata de una ley general obligatoria para toda la República Mexicana, que crea un Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

Un programa integral que distribuye claramente las competencias y obligaciones para los tres niveles del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obliga al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.

La Ley, además, incluye todos los tipos de violencia de género; psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja que en conjunto constituyen la violencia feminicida.

Dicha Ley responde a los compromisos firmados por el Estado mexicano en materia de violencia de género, no discriminación, promoción del empoderamiento de las mujeres, y de sus derechos fundamentales; crea las condiciones para disfrutar de los derechos humanos y la libertad.

Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las ellas, a los Congresos locales a legislar en la materia; a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación.

Se establecen las medidas precautorias y cautelares, que por ejemplo obligan al agresor a tomar distancia del domicilio, el lugar de trabajo, que garantice el no acoso; obligan al gobierno federal a establecer un sistema de alerta general para aquellas zonas identificadas con el mayor índice de violencia.

Incluye los mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres. Igualmente asegura y amplía el funcionamiento de los refugios para quienes han sido víctimas de violencia.

En sus principios rectores la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, está la perspectiva de género, la no discriminación, la igualdad y el reconocimiento de sus derechos humanos y por su carácter supera las normas de la Ley Integral de España.

Durante las últimas dos décadas se legisló sobre violencia familiar, lo que, en opinión de especialistas, desvió los objetivos internacionales de parar y enfrentar la violencia de género que ha cobrado muchas vidas de mujeres; que las mantiene discriminadas, sin seguridad jurídica y sin justicia.

La Ley establece reglas para crear un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las mujeres.

En los considerandos de la iniciativa a la que se sumó la propuesta aprobada por el Senado de la República para crear el sistema nacional, se afirma que los delitos violentos contra las mujeres han crecido principalmente en los siguientes estados.

El Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Sonora, Morelos, Jalisco y Guanajuato: que la Comisión de Feminicidios ha hecho una exploración en 10 entidades del país que constatan que hay feminicidio y que se vive un estado de alerta general.

Se identificaron las zonas de mayor índice de violencia, pero que los delitos de género, sin justicia se han documentado en todo el país.

La comisión Especial del Feminicidio recibió durante el 2004 informes de las procuradurías generales de justicia de 24 entidades de la República que documentan los homicidios de mujeres; recibió denuncias de al menos otras 7 entidades.

Esos informes publicados hace un año, señalan de más de mil 200 asesinatos de mujeres en un solo año, según versiones parciales de esas procuradurías.

De ahí la urgencia de impulsar reformas jurídicas, dicen los considerándoos, que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos.

La minuta se analizará la próxima semana en el pleno y pasará al Senado para su aprobación. Establece que el sistema Nacional estará presidido por la Secretaría de Gobernación.

Indica también que están obligados a participar la Secretaría de Seguridad pública, la Procuraduría General de Justicia de la República, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres.

En conjunto esas instancias formarán un Consejo Nacional; una vez publicada la ley, en el Diario Oficial, deberá crearse un reglamento en los próximos 90 días; el sistema nacional en dos meses y una vez que éste funcional el gobierno deberá realizar un Diagnóstico Nacional sobre la violencia contra las mujeres y una base de datos que de claridad sobre el número de víctimas.

06/SL/LR