Uno de los grandes pendientes de las y los legisladores en 2005 es una reglamentación específica que haga exigible el derecho de las mujeres en reclusión, ya que se les mantiene en separos, cárceles y reclusorios del país con infraestructura antigua y organización diseñada para varones, opinó Ángela Villena Miranda, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dijo que sin una norma que lleve a las autoridades penitenciarias a ofrecer a las internas una estancia digna dentro de las prisiones se acentuará aún más el trato discriminatorio e indigno que viven a diario en esos lugares al compartir con los varones áreas de servicios tales como sanitarios, regaderas, consultorios médicos, patios y cocinas.

Aunado a ello está la violencia sexual que padecen, la cual se lleva a cabo de diversas formas: violación salvaje; relaciones sexuales con amenazas de quitarles diversos objetos y derechos; manoseos; ataques verbales y negación de la intimidad.

Quienes son detenidas en etapa de averiguación previa o prisión preventiva, o compurgan una sentencia, ven violadas con frecuencia sus garantías constitucionales y de derechos humanos al estar confinadas en anexos a los centros de reclusión de varones, acotó.

Villenda Miranda explicó que de los 447 centros que conforman el sistema penitenciario mexicano, solamente 12 son femeniles y existen nada más en nueve entidades: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Zacatecas, además del Distrito Federal.

En el resto del país, una vez puestas a disposición del Ministerio Público, las mujeres carecen de lugares y espacios específicos, por lo que se les habilitan “secciones” donde conviven hacinadas con los reclusos varones, lo que propicia frecuentes situaciones de discriminación.

“Está pendiente, por parte de las y los legisladores, el establecimiento de normas que lleven a las autoridades penitenciarias a ofrecer a las mujeres internas una estancia digna dentro de las prisiones”, insistió.

Al hacer un balance sobre los retos y retrocesos sobre la inclusión de la perspectiva de género en los reclusorios del país, la funcionaria comentó que durante las visitas llevadas a cabo por personal de la CNDH se ha comprobado la sistemática violación a los derechos humanos no sólo de las internas, sino de los menores que viven con ellas.

“La situación generalizada de la sobrepoblación en reclusorios tiende a hacer que empeore el trato hacia las mujeres en los penales, situación que ha aumentado en la última década, entre otras razones, por la excesiva duración de la prisión preventiva”.

Esto es: a las mujeres se les trata, de hecho, como si fueran una “subcategoría” y se les confina en pequeños espacios adaptados en áreas de gobierno, aduanas de vehículos, locutorios, estancias de visita conyugal, habitaciones de revisión de visita femenina, o en las áreas de sanciones administrativas para el personal de seguridad.

Esos espacios adaptados para ellas son muy reducidos, poco ventilados e iluminados; en ocasiones carecen de camas, así como de otros servicios indispensables, incluso sanitarios. En dichas áreas duermen, cocinan sus alimentos, reciben visitas y elaboran sus manualidades.

INFANCIA EN RECLUSION

De las aproximadamente 10 mil mujeres reclusas que hay en el país, seis por ciento es analfabeta; el 85 por ciento es madre, y el 70 por ciento de ellas tiene hijos menores de 18 años.

En relación con las y los menores que viven con ellas, es frecuente que las autoridades ni siquiera conozcan el número preciso de niñas y niños que hay en cada penal, y mucho menos en el ámbito nacional.

Además, no hay médico pediatra que los atienda ni espacios suficientes para colocar cunas o camas; lo más común es que las internas compartan espacios con ellos en completo hacinamiento. A excepción de dos centros, el resto no cuenta con espacios ni escuelas para las y los pequeños.

06/GV/YT