Acusado de chantaje por el empresario maquilador Lucio Gil Zárate, el defensor de derechos laborales en Tehuacán Martín Barrios, también consejero distrital del Instituto Federal Electoral (IFE), recibió ayer un auto de formal prisión en el Juzgado Tercero de lo Penal en Puebla.

“Las organizaciones sociales y civiles repudiamos el auto de formal prisión dictado en contra de nuestro compañero Martín Amaru Barrios Hernández por el supuesto delito de chantaje, acusación hecha por el empresario Lucio Gil Zárate, por carecer de todo sustento legal,” informó en comunicado el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

“Responsabilizamos al gobierno del estado de Puebla de la integridad física y psicológica del defensor de derechos humanos que se encuentra injustamente privado de su libertad en el penal de San Miguel, en la capital poblana” manifestaron los organismos firmantes, dado que por el tipo de acusación no alcanzaría libertad bajo caución.

“El auto de formal prisión dictado en contra de Martín Barrios constituye una agresión a todos los defensores de derechos humanos del país y sienta un precedente adverso para la defensa y promoción de los derechos humanos, pues legitima el uso de acciones aparentemente legales para detener y amedrentar el trabajo que se ejerce en pro del beneficio de los mexicanos y mexicanas”, agregan.

Las organizaciones sociales consideraron que el Juez Tercero de lo Penal en la ciudad de Puebla no valoró adecuadamente las pruebas de descargo presentadas por la defensa de Barrios Hernández y sobreestimó la denuncia presentada por el empresario.

“La actuación del Juez Tercero de lo Penal, así como las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ponen en entredicho el estado de derecho en esa entidad federativa y ponen a su vez de manifiesto que la justicia poblana no es del todo imparcial.”

Entre las organizaciones firmantes se cuentan el Centro de Investigaciones CIEPAC, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (RMALC), la Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ), el Frente Autentico del Trabajo (FAT) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Nacional (MAIZ-NAL).

Este es el segundo auto de formal prisión que la justicia poblana dicta a defensores de derechos humanos en menos de dos semanas en casos donde los demandantes son empresarios de la maquiladora textil en el estado.

El primero se dictó contra la periodista Lydia Cacho, el pasado 23 de diciembre, por la acusación de difamación por parte del empresario Kamel Nacif tras la publicación de Los demonios del Edén, donde Cacho revela la existencia de una poderosa red de explotación sexual infantil.

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