La violación a los derechos humanos de las y los migrantes en el sistema de estaciones migratorias en México es constante y permanente, aceptó la organización civil Sin Fronteras, especializada en migración, y coincidió con los resultados presentados por el Informe Especial sobre este tema que en diciembre pasado dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Es un paso importante el hecho de que la CNDH tenga acceso a las estaciones migratorias y los lugares habilitados, y que reporte lo que está ahí sucediendo”, señaló Karina Arias, Coordinadora de Vinculación y Promoción de Sin Fronteras.

Los datos recabados por los visitadores de este organismo en los 119 establecimientos -51 permanentes y 68 habilitados- que dependen del Instituto Nacional de Migración (INM) en diecinueve estados del país, reportan la existencia de condiciones que vulneran los derechos fundamentales de las y los asegurados, contraviniendo lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales: recibir un trato digno, legal, con seguridad jurídica y que proteja su salud.

Al ser privados las y los migrantes de su libertad, para Sin Fronteras estos lugares son en realidad centros de detención: “El gobierno mexicano los llama aseguramientos y ha declarado que las personas están ahí en tanto dura su proceso administrativo. No es una detención, dicen, porque no hay un proceso penal, pero en los hechos están ahí encerrados, incomunicados; existe sobrepoblación, carecen de un debido proceso y una notificación consular, y faltan servicios médicos”.

ACCESO LIMITADO A ESTACIONES MIGRATORIAS

Cuando una persona es asegurada, el gobierno mexicano, a través de las autoridades migratorias, es responsable de vigilar se garanticen sus derechos, cuestión que en la práctica no sucede, subraya Arias.

Según la Ley Federal para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y las recomendaciones recibidas por el gobierno mexicano de las Relatorías Especiales para Migrantes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades migratorias deben facilitar el acceso a las organizaciones civiles a las estaciones migratorias y los lugares habilitados para visitas de monitoreo y el ofrecimiento de servicios de atención a la población migrante asegurada.

En sus visitas periódicas, una vez a la semana, en la estación migratoria del Distrito Federal, Sin Fronteras ha podido confirmar, además de las violaciones detectadas por los visitadores de la CNDH, otras como tomar declaraciones a las y los asegurados sin que puedan leerlas o sin que les entreguen una copia; no hay intérpretes; carecen del acceso a un abogado y de mecanismos para una asesoría legal, y no les informan bajo qué proceso están ahí ni el tiempo que va a durar.

Este acceso es regulado por el INM, varía según el estado y no siempre se autoriza.

En Saltillo, Coahuila, a Frontera con Justicia -organización que apoya con un albergue y asesoría jurídica a migrantes- se le ha negado la entrada; en Tapachula, Chiapas, el Fray Matías de Córdova -centro defensor de los derechos humanos de la población migrante- sólo puede hacerlo una hora por semana.

De acuerdo con cifras del INM, la mayoría de los aseguramientos en años recientes se han realizado en Chiapas: 44.5 por ciento de los 215 mil 695 casos en el 2004, y 41.6 por ciento de los 129,081 casos correspondientes al primer semestre del 2005.

SE INCREMENTA POBLACION FEMENINA ASEGURADA

Luego de tener acceso por cinco años a la estación migratoria de Iztapalapa en el DF, una de las más grandes del país y de las pocas con división en áreas para mujeres, hombres y adolescentes, Sin Fronteras ha notado un aumento de la población femenina en tiempos recientes y ha atendido varios casos de migrantes embarazadas.

“Hemos encontrado a mujeres embarazadas sin una atención médica adecuada y sin que se les siga un debido proceso”, expone Karina Arias.

Su maternidad prolonga en ocasiones el tiempo de aseguramiento. Las llevan a un hospital para el parto, están ahí por unos días luego de dar a luz y salen sin haber realizado el trámite de registro del bebé.

Al respecto, Arias explica: “El niño es mexicano y las autoridades deberían dar facilidades para su regularización; no fácilmente les permiten la salida para el registro del niño y quedan entonces en una situación irregular. Nos ha tocado atender varios casos; hemos conseguido la salida de estas mujeres, su estancia en un albergue y apoyarlas en la regularización de su proceso migratorio”.

VISITAS DETECTAN TRATA DE PERSONAS

En 2003, atendieron a dos jóvenes originarias de la República Popular de China. Aún cuando llegaron a México con sus documentos migratorios en regla, contratadas por una empresa para trabajar legalmente en el país, en ese momento se encontraban aseguradas en la estación migratoria del DF.

Habían escapado al ser víctimas de trata durante dos años: las salidas de la planta estaban restringidas, sólo podían hacerlo en horas y días específicos y nunca solas, sino en compañía de una persona de la fábrica; la jornada de trabajo era mayor a ocho horas y, si querían recibir el pago de tiempo extra, debían laborar una hora y media gratis.

Luego de varias gestiones, se logró que salieran de la estación y se les apoyó en la regularización de su estatus migratorio; también recibieron apoyo de asistencia social y psicológica. Se hicieron los trámites para iniciar una acción legal contra la empresa, cuestión que fue muy difícil al no estar tipificada la trata como delito en México.

Actualmente cuentan con permiso para trabajar de manera independiente en nuestro país y se llegó a una negociación con sus empleadores en la Junta de Conciliación y Arbitraje. La queja ante la CNDH y el proceso penal continúan su curso. Los tratantes siguen en libertad y la fábrica continúa abierta.

06/CV/YT