Con el objetivo de dar a conocer la situación real que viven las personas afectadas por la tormenta Stan, organizaciones civiles iniciaron el programa especial Brigadas de Observación y Documentación de Violaciones a Derechos Humanos de los Damnificados.

Durante una semana, del 9 al 14 de enero, brigadistas voluntarios registrarán en cinco cabeceras municipales del sur de Chiapas datos que permitan detectar cuáles fueron las medidas de prevención antes de la emergencia, el tipo de atención que recibieron las y los damnificados, y la operación de los programas de reconstrucción en las cabeceras municipales y colonias afectadas de Mapastepec, Huixtla, Mazatán, Tapachula y Suchiate.

Los resultados serán presentados como un informe ante la opinión pública local y nacional y ante las Relatorías Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitándoles que verifiquen la actuación de las autoridades y los programas de gobierno en la atención a la población.

“Hasta ahora existe mucha confusión sobre la forma en que se ha canalizado la ayuda. Se habla de problemas de corrupción. Las autoridades dan informes confusos. Sabemos por la gente que los programas tienen muchas ineficiencias”, señaló Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Con el programa se pretende llenar el vacío de información que hasta ahora existe con respecto a la operación de los programas institucionales.

“Se hace indispensable conocer la realidad de forma directa”, agregó Rodríguez, motivo por el cual las y los brigadistas recogerán testimonios de los distintos sectores: personas afectadas, autoridades de las distintas instancias locales y estatales (policía, municipio, médicos, Instituto de Vivienda), delegados estatales de instancias federales (Sedesol, DIF, Secretaría de Salud), párrocos, encargados de albergues, voluntarias y voluntarios.

Entre las organizaciones participantes se encuentran el Centro de Investigación de Chiapas (Cipaz), ITESO de Puebla, la Fundación León XIII y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

06/CV/YT