Al reprobar los métodos utilizados por la Procuraduría del Estado de Puebla en el proceso que se le sigue a la periodista Lydia Cacho, el Subsecretario de Normatividad de Medios, Enrique Aranda, dijo que, de ser requerida, Gobernación intervendrá en el caso.

“Desde el momento que se dio la detención, ustedes recordarán, se hizo… una exposición en el sentido de que… respetando la soberanía de la entidad, en este caso de Puebla, trataríamos de evitar que pudieran ser violados sus derechos”, acotó.

Más aún dijo “obviamente no hay ningún apoyo a una conducta como la que se asumió que es esta de traslado que se ha venido denunciando y que obviamente reprobamos”.

En entrevista, el funcionario destacó “entiendo que el día de hoy o en el curso de los próximos días tendrá que haber una sentencia sobre el particular, por lo menos una definición preliminar y en ese momento tomaremos una posición”.

-¿Y ya entablaron comunicación con el gobernador de Puebla, con las autoridades judiciales de Puebla?
-No de mi parte; no yo.

-¿Pero Gobernación?
-No lo sé.

-¿Con esto se demuestra que todavía continua el régimen autoritario? –se le cuestionó.

-No creo que se demuestre en un sólo caso, creo que hay por lo menos evidencia de que hubo exceso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle el tiempo a la autoridad competente de que se pronuncie y, obviamente, tratar de que en esa sentencia o en esa acción por parte de la autoridad, queden a salvo los derechos de la periodista igual que la de cualquier otro ciudadano.

¿En caso de que no le favorezca podrían intervenir?

-Podríamos intervenir si somos solicitados, con la naturaleza de la acción legal que se emprendió.

El pasado 16 de diciembre, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida por la policía en su casa de la ciudad de Cancún. Los policías la llevaron a una distancia de mil 500 kilómetros, a la ciudad de Puebla. Estuvo detenida durante 30 horas por cargos de difamación antes de ser puesta en libertad bajo fianza.

Periodista y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), Cacho Ribeiro ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores, y la impunidad de que suelen gozar los responsables.

Este mismo año publicó un libro en el que denuncia la participación del empresario Kamel Nacif Borge en una red de pornografía infantil.

Dicho empresario, con sede en Puebla, presentó una querella por difamación contra ella, y la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una investigación preliminar. A consecuencia de todo ello, una juez dictó una orden de detención en su contra, sin embargo sigue el proceso desde afuera al pagar una fianza.

Lydia Cacho Ribeiro ya ha sufrido amenazas e intimidaciones anteriormente a consecuencia de sus actividades en favor de los derechos humanos; situación por la que autoridades le proporcionaron cierta protección policial, lo que le ha permitido continuar con su trabajo.

06/GV/LM