Se usó
la ley para coartar libertad de expresión: legisladoras
Con Lydia Cacho,
poder y dinero violaron la Constitución
Gladis Torres, Guadalupe
Vallejo y Miriam Ruiz
Cimac | México, DF
En
el caso de Lydia Cacho “no está a discusión
la legalidad de grabar las llamadas telefónicas,
sino la complicidad del poder y el dinero para violar las
garantías consagradas en la Constitución,
como la libertad de expresión”, expresaron
hoy las legisladoras Beatriz Mojica, del PRD, y la panista
Myriam Arabián.
Estas
fueron algunas de las reacciones en torno a la revelación
realizada este día por el diario La Jornada acerca
de las conversaciones entre el gobernador de Puebla, Mario
Marín, y el empresario textil Kamel Nacif Borge,
para lograr la detención de la periodista Lydia Cacho
Ribeiro.
Al
respecto, la Fiscal Especial de Delitos de Género
en México, Alicia Pérez Duarte, dijo que de
resultar cierta esta información significa un hecho
muy preocupante en materia de impartición de justicia
no sólo en Puebla y México, sino en todo el
mundo
Entrevistada
para Cimacnoticias, informó que ya solicitó
al medio las cintas en las que se encuentran grabadas las
conversaciones del empresario y el gobernador poblano, con
la finalidad de analizarlas para poder señalar qué
procede legalmente.
Pérez
Duarte -quien el pasado 16 de diciembre acompañó
a la periodista durante su traslado de la ciudad de Cancún
a la de Puebla-, indicó que en este caso hay diversas
aristas, las cuales se tendrán que estudiar de una
manera minuciosa, “ya que es verdaderamente preocupante,
que sucedan este tipo de hechos en nuestro país”.
Resaltó
la enorme solidaridad que Cacho recibió por parte
de representantes de diversos medios de comunicación,
organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos,
así como de las legisladoras, quienes la arroparon
“para que no se llevaran a cabo las vejaciones que
tenían preparadas para ella”.
Asimismo,
ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora
Beatriz Mójica, aseguró que “desde la
fracción parlamentaria del PRD promoveremos un juicio
político en contra del gobernador de Puebla, Mario
Marín”, a quien calificó de “delincuente”.
Mientras, la diputada panista Myriam Arabián Couttolenc
consideró que la persecución contra Cacho
va “ensañada no sólo por el hecho de
ser mujer, sino también por el quebranto a los principios
de un régimen federal”, por lo que pidió
que la justicia en este ámbito atraiga la investigación.
Quien también habló del tema fue el candidato
a la Presidencia de la República del Partido Acción
Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, quien enérgico
destacó que en el caso Lydia Cacho, debe haber una
investigación a fondo, “caiga quien caiga”.
“Expreso
mi más enérgico rechazo y repudio a esta barbarie
que debe emprender una investigación a fondo, me
vale que sea el gobernador y que sea un empresario poderoso,
que se les castigue caiga quien caiga”, destacó.
En
el marco de una reunión con vecinos de un fraccionamiento
del municipio de Atizapán de Zaragoza, el panista
dijo que de ser ciertas las conversaciones difundidas por
un medio de comunicación nacional, el gobernador
tiene que ser investigado.
Asimismo,
hoy se dio a conocer que el Juez Primero de lo Penal con
sede en Cancún, Gilberto de Jesús Herrera,
aceptó la competencia del juicio por difamación
contra la escritora Lydia Cacho iniciado en el Estado de
Puebla.
El
proceso quedó bajo la causa penal 59/2006 por el
delito de difamación.
Cacho,
tras su detención en Cancún y traslado a Puebla,
presentó un recurso para que los juzgados de esa
entidad del centro del país se declararan incompetentes
para dar seguimiento a su caso.
06/GV/MR/GT

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