Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) emitió hoy el acuerdo A/031/06 por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra el Periodista, este día continuaron las reacciones en torno a las conversaciones sostenidas por gobernador poblano, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif para perjudicar a la periodista Lydia Cacho.

Tanto los candidatos a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, Roberto Madrazo y Roberto Campa, respectivamente, así como el portavoz de Los Pinos, Rubén Aguilar, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, coincidieron en que detrás de los hechos “brutales” contra la periodista se cometió un atentado contra la libertad de expresión.

OPINA MADRAZO

El abanderado tricolor, Roberto Madrazo, consideró que será el Congreso del Estado el que deberá decidir si Marín debe separarse de su cargo hasta que se aclaren los hechos.

“No se puede dar carpetazo. Tiene que entrar la autoridad a investigar", dijo en entrevista previa a su encuentro con el sector campesino del PRI de la entidad.

Asimismo, al destacar que casos como este lesionan el estado de Derecho, dijo ser un defensor de la libertad de expresión.

CAMPA EN PUEBLA

De gira por Puebla, el candidato Campa Cifrián consideró que las conversaciones ponen de manifiesto que en Puebla hay una administración de justicia con fines alejados del cumplimiento de la ley, así como el uso de la readaptación social al servicio de intereses oscuros. “Estamos en presencia de hechos sumamente graves”, aseguró.

Dijo que de comprobarse la veracidad de las grabaciones telefónicas “estaríamos frente a un hecho deleznable” que revelaría la subordinación de la autoridad estatal a un interés particular.

En conferencia de prensa, Campa Cifrián afirmó que para salvaguardar los derechos individuales y la libertad de expresión para comunicadores y reporteros es indispensable el cumplimiento de la ley.

“La autoridad debe garantizar que cualquier ataque a un periodista tendrá como resultado un castigo para los responsables. Hablamos de violación a las garantías individuales, de agresiones físicas, de intimidación; por ello, la única respuesta de la autoridad tiene que ser con la ley en la mano para atrapar a los responsables”, dijo.

OPINA ENCINAS

Sobre el mismo asunto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, destacó que esta situación debe canalizarse por la vía judicial a las instancias encargadas, porque no pueden utilizarse las instituciones públicas y los órganos de representación para perseguir a periodistas y tratar de inhibir el desarrollo de su actividad profesional.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió hoy, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo A/031/06 por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.

Será la PGR el organismo dirigirá, coordinará y supervisará las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros en México perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

En el DOF se destaca que la fiscalía se adscribe a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR y que su titular será designado y removido, en su caso, por el procurador general de la República.

El documento instruyó a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, así como a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar los delitos contra periodistas en las delegaciones estatales, para que den a la Fiscalía Especial la información con que cuenten en relación con la materia de este acuerdo.

06/GV/YT