El asunto fundamental de las agresiones contra la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, es la explotación sexual comercial infantil en Cancún, puntualizó la diputada Angélica de la Peña Gómez.

La Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados, se pronunció por evitar que se “tienda una cortina de humo que esconde el verdadero problema” que denuncia la periodista.

Se sumó al llamado de la sociedad, para señalar el verdadero problema, que es el delito de la explotación sexual infantil que “se mantiene impune”.

Recordó que en la investigación realizada por la periodista Lidia Cacho publicada en su libro “Los demonios del Edén”, denuncia a las redes de prostitución y a diversos empresarios y funcionarios que desgraciadamente en cualquier momento pueden coptar a una niña o niño, a través del Internet, en la calle o fuera de la escuela.

La respuesta de las autoridades hacia el trabajo de Lydia Cacho y de los medios de la comunicación, evidencian el grado de corrupción e impunidad de los órganos de procuración e impartición de la justicia.

La Red Nacional de Organismos Civiles de derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 54 organizaciones, demanda que el poder público no se siga ejerciendo en secreto.

Luego de analizar el contenido de las llamadas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín la Red exigió que la Procuraduría General de la República abra un proceso de investigación tanto del gobernador como de los funcionarios públicos involucrados y el empresario Kamel Nacif, en función que la gravedad de los hechos.

Demandaron que se garantice la seguridad de las menores que dieron su testimonio para descubrir las redes de prostitución y pornografía infantil.

Organizaciones de Derechos Humanos, Civiles y Sociales como las de Equipo Pueblo A.C, Alianza Cívica, Católicas por el Derecho A decidir, INSYDE Social, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., y Sin Fronteras IAP .demandaron al Estado Mexicano la seguridad de la periodista Lydia Cacho.

De igual forma, se pronunciaron porque el gobierno Mexicano cumpla cabalmente los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos.

Los recientes atentados en contra de periodistas son una muestra clara de que a pesar de los compromisos adquiridos, no existe garantía a la libertad de expresión ni a la vida, expresaron.

06/GT/LR