Organizaciones no gubernamentales rechazaron el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que minimiza las cifras del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua al acusar al ejecutivo federal de tender un manto de silencio sobre la impunidad en esa entidad fronteriza.

“El gobierno federal, a través de la PGR hace un intento más por invisibilizar el fenómeno del feminicidio, al presentar este informe sin una metodología clara y transparente y sin presentar pruebas contundentes”, afirma en una carta abierta el Observatorio Ciudadano para el monitoreo sobre la Impartición de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua y familiares de las víctimas.

La postura del Observatorio Ciudadano fue avalada también esta mañana en conferencia de prensa por Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia por Nuestras Hijas y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

El informe final de la Fiscalía Especial de la PGR para Ciudad Juárez, presentado el pasado 16 de febrero durante la toma de protesta de Alicia Elena Pérez Duarte como fiscal para la atención de delitos violentos contra mujeres, sostiene que los asesinatos de género registrados entre 1999 y 2005 son 379 y que las mujeres desaparecidas en esa periodo fueron 47.

Las cifras de la PGR contradicen los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que documentan más de 400 casos de feminicidio y cuatro mil 456 desapariciones.

La dependencia minimiza, además, las dimensiones del problema de violencia de género, al atribuir a la violencia social o intrafamiliar 225 de los asesinatos, esto es, más de 60 por ciento, y asegurar que en la mayoría de los casos los responsables se ubican en el círculo más cercano a las víctimas (familiares, amigos o conocidos).

Las organizaciones, a las que se sumaron especialistas como la investigadora Julia Monárrez, quien acuñó la definición de feminicidio sexual sistémico, exigieron al Estado mexicano cumplir su función de garantizar la vida e integridad física de sus ciudadanas, en cumplimiento de la Constitución, y los tratados internacionales ratificados por México, como la Convención de Belém do Pará y la conocida como CEDAW.

Las y los firmantes calificaron de indignante que el gobierno federal pretenda justificar la falta de eficacia de los organismos gubernamentales, bajo el argumento de que “en otros estados hay más asesinatos” lo que es vejatorio para las víctimas y sus familias, pues se pretende restar importancia a sus casos.

“Nunca hemos negado la multicausalidad que origina los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, argumentaron. Lo alarmante es que el Estado mexicano, “no ha instrumentado las políticas públicas sugeridas por las organizaciones de la sociedad civil y no atiende las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, dirigidas a evitar que se continúe asesinando a las mujeres, inclusive en sus casas”.

El hecho incontrovertible, agregan, es que se sigue asesinando mujeres (tan solo en 2005 fueron encontrados 31 cadáveres más) y que la respuesta del sistema de justicia ha sido ineficaz, ya que el caso de una sola mujer asesinada en la impunidad, debería ser motivo de escándalo nacional.

Calificaron de muy grave la presencia del feminicidio en la mayoría de los estados del país, y extendieron su demanda de justicia a todos los casos de asesinatos de mujeres. “En todo caso, esta tragedia nacional no puede ser excusa para restarle importancia a los casos paradigmáticos de Ciudad Juárez y Chihuahua”, sostienen.

Las organizaciones agrupadas en el Observatorio sostuvieron que el Ejecutivo federal “está cerrando el círculo perverso de la impunidad” al minimizar la tragedia, sin proveer recursos legales que comprueben sus afirmaciones, ni asumir la obligación de fincar responsabilidades a funcionarios que incumplieron su deber de prevenir el delito e impartir justicia para las víctimas

06/LG/MR