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viernes 9 de junio de 2006
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Tibias respuestas a investigaciones de legisladoras
Desdén de autoridades frente a impunidad de Feminicidio

Rafael Maya Cimac | México, DF

Impunidad, indiferencia y hasta minimización de los asesinatos de mujeres, son rasgos que caracterizan a la mayoría de las autoridades en diversos estados del país, donde el flagelo de estos homicidios son un crimen constante, e incluso, creciente.

Organizaciones civiles de mujeres, de derechos humanos y diputadas federales han reiterado que gobiernos estatales y en específico sus respectivas instancias judiciales, incurren en la desestimación de centenares de homicidios de mujeres –muchas de ellas violadas-, y de las indeterminadas desapariciones de personas del sexo femenino a lo largo y ancho de México.

Desde mayo pasado, cuando la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios comenzó a divulgar una serie de informes estatales sobre la situación en cada entidad y la actuación de las autoridades para esclarecerlos y castigarlos, grupos organizados de mujeres advirtieron el escaso interés de los funcionarios por atender estos crímenes indignantes.

OAXACA Y CHIAPAS: RESPUESTAS ELECTORERAS

En el sureño estado de Oaxaca, donde 351 mujeres y niñas fueron asesinadas entre 1999 y 2003 –según cifras del INEGI-, organizaciones feministas y de derechos humanos afiliadas al Colectivo Huaxyacac manifestaron su preocupación de que “este problema social tan grave tenga una respuesta electorera, en lugar de las acciones eficaces que reclama la sociedad”, advirtieron.

De acuerdo con el informe de la Comisión Especial encabezada por la legisladora perredista, Marcela Lagarde, Oaxaca se encuentra entre las cinco de 10 entidades con más violencia contra las mujeres.

El pasado 25 de mayo, en las calles del centro de la capital oaxaqueña, una nutrida marcha de defensoras por los derechos de las mujeres se dirigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Mujer.

A un año de haber sido creada por el gobernador Ulises Ruiz, las activistas denunciaron que esa instancia –cuyo objetivo es la atención del brutal feminicidio en esa entidad-, carece de presupuesto y ni siquiera aparece en el organigrama de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En su momento, el Colectivo Huaxyacac también arremetió contra el presidente del Senado, el priísta Enrique Jackson, por no haber reconocido que la violencia de género “es un problema sustantivo de la gobernabilidad democrática”, advirtió la organización.

Y es que el pasado 18 de mayo en la Cámara de Diputados, durante la presentación de los resultados de la investigación de la Comisión Especial sobre el feminicidio en 10 estados de la República, Jackson hizo caso omiso al llamado de la diputada Lagarde para que en un periodo extraordinario de sesiones el Senado aprobara la Ley General de Acceso a una Vida Libre sin Violencia, avalada ya en la Cámara baja.

Indiferente, el senador se pronunció en favor de un periodo extraordinario “para discutir lo que se tenga que discutir”.

En Chiapas, en donde se registra una de las cifras más elevadas de asesinatos de mujeres en el país (1242 tan sólo entre 2000 y 2004), el gobernador Pablo Salazar dijo tranquilamente que desde el inicio de su administración la equidad de género se estableció como uno de los ejes transversales de su política de gobierno.

Abundó que “gracias a este esfuerzo”, en ese estado se ha reducido en 25 por ciento la mortalidad materna –tipificado como violencia contra la mujer, aclaró- en los más recientes cinco años.

EDOMEX: ANTE INEFICACIA, RECOMPENSA

De acuerdo con la investigación de la Comisión Especial que da seguimiento a los feminicidios, uno de cada cuatro homicidios del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el Estado de México.

Según el reporte, esa entidad ocupa el tercer lugar en incidencia de homicidios de mujeres en el contexto nacional. El 25.06 por ciento de los homicidios perpetrados contra mujeres en todo el país suceden en este estado.

Durante la presentación del informe de las diputadas federales ante autoridades del Estado de México, el procurador de Justicia local, Abel Villicaña Estrada, tan sólo se comprometió “a estudiarlo”.

Para colmo, en días recientes el funcionario anunció una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcione información que lleve a la detención del supuesto asesino serial que se relaciona con la muerte de al menos cinco jovencitas, en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Tales crímenes siguen impunes.

A este aparente desdén de las autoridades judiciales mexiquenses ante la violencia de género, habría que sumar los recientes hechos de abuso sexual contra mujeres detenidas en San Salvador Atenco, y que según todas las evidencias recopiladas por grupos humanitarios fueron perpetrados por elementos de seguridad del Estado de México.

DF: LA ZANAHORIA Y EL GARROTE

El Distrito Federal se ubica en la entidad número siete por la frecuencia de asesinatos de mujeres, en el contexto nacional. De acuerdo con el informe de las diputadas, de 2000 a 2004 fueron asesinadas 554 niñas y mujeres.

Y sólo el 40 por ciento de los responsables de estos asesinatos fue detenido o se le libró orden de aprehensión, a pesar de que el 29.2 por ciento de estos hechos ocurrió en el hogar.

Para la Comisión Especial el mayor riesgo para las habitantes del DF, lo constituye la indiferencia generalizada hacia sus necesidades y la violencia que se ejerce en contra de ellas.

La violación a los derechos humanos de las capitalinas, se concreta en diversas formas de discriminación, lo cual –resumió la Comisión Especial- constituyen el contexto de lo que se define como feminicidio.

Las legisladoras enfatizaron en su momento que en el DF existe feminicidio debido a que persisten condiciones particulares de exclusión social para las habitantes de esta capital.

En respuesta, y a pesar de las evidencias contundentes sobre falta de justicia para las capitalinas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, se ufanó de que su administración lleva la delantera en materia de defensa y promoción de los derechos de las mujeres en materia de violencia, con la creación del Centro de Atención a la Violencia Familiar de la subprocuraduría de la PGJDF y los 16 Centros Integrales de Apoyo a la Mujer que atiende el Inmujeres DF.

(Con información de Soledad Jarquín y Valeria Salinas)

06/RM/LR


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