Ni el gobierno federal ni los legisladores tuvieron el suficiente cuidado para hacer leyes y políticas públicas de calidad en materia de protección a la infancia y tampoco se fortalecieron los derechos de ésta durante esta administración, concluyeron hoy integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Al presentar hoy las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo al gobierno mexicano el pasado 2 de junio en Ginebra, Suiza, los integrantes de la Red que encabeza Gerardo Sauri Suárez, señalaron que este “descuido” es un problema de estado.

Al hacer un balance de la administración foxista en el tema, Sauri Suárez, indicó que los legisladores tuvieron muchas oportunidades de realizar avances por los derechos de la infancia pero no hicieron nada.

Y es que si bien, precisó, no hubo grandes retrocesos, tampoco hubo avances, se conservaron las políticas sociales y económicas vigentes, pero lamentó que no se hicieran reformas sociales ni otras que tienen que ver con los derechos de la infancia.

Además, señaló que México va atrasado en sus informes, por lo que estará obligado a presentar el 20 de abril de 2011 el cuarto y quinto informe sobre el estado de la infancia en el país, al tiempo que pidió que estas recomendaciones sean una guía para la siguiente administración.

Entre las recomendaciones que el Comité de la ONU hizo a México, mismas que tendrá que cumplir en el periodo 2006-2011, destacan aplicar medidas para asegurar la efectiva aplicación de las leyes y que las reformas administrativas y jurídicas necesarias se realicen con gran prioridad.

Cabe señalar que el Comité insistió en las mismas recomendaciones que ha hecho desde 1999 y que hasta ahora no se han cumplido a cabalidad, sobre todo en materia de mortalidad infantil y desnutrición.

En este sentido, el Comité instó a México a asegurar que todas las leyes estatales sean ajustadas a las federales, en particular a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2000 y que todos los estados apliquen reformas administrativas e institucionales necesarias como asunto prioritario.

Al respecto, también sugirió que el Consejo Nacional de Niños, niñas y adolescentes, tenga una participación más activa en el diseño de políticas públicas para el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que se le dote de una legislación y presupuesto apropiados y que la sociedad civil tenga representación en el mismo.

Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, directora de Ririki Intervención Social, dijo que el documento insiste en que se tienen que reducir los niveles de pobreza, discriminación y desigualdad en la infancia y que existe un bajo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en salud.

Además, dijo que México no reportó en su informe sobre la prevalencia en desnutrición, la cual, señaló, es de 3 a 5 veces mayor en las zonas indígenas, y en el rubro de obesidad infantil, México se ubica en el segundo lugar a nivel mundial.

Ante la falta de indicadores desagregados por sexo, el Comité pidió desarrollarlos para que permitan monitorear y evaluar el progreso logrado con ellos, sobre todo insiste en el número de niñas y niños que no van a la escuela, niñas y niños trabajadores de 12 y 14 años, casos de violencia y abuso infantil, niños explotados sexual y comercialmente, niñas y niños víctimas de trata, niñas y niños privados de su libertad, indígenas y migrantes y los que no fueron registrados en su nacimiento.

En total son 71 recomendaciones relativas a temas como adopciones, el respeto a la opinión de las y los niños, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, derechos y libertades civiles, niños con padres encarcelados, entre otras.

La Red por los Derechos de la Infancia en México está conformada por 58 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que opera en ocho estados de la República.

06/LG/LR