En casi seis años del gobierno de Vicente Fox, la política educativa y social no registró grandes variaciones y ni que pensar siquiera en temas que tienen que ver con la equidad y la igualdad de las mujeres.

Más de la mitad de la población en México son mujeres y, por tanto, la educación debe ser una prioridad de cualquier administración para poner al país no sólo a la vanguardia educativa, sino en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, los libros de texto gratuito minimizan temas como los derechos sexuales o reproductivos, así como la violencia; se ubica a las mujeres cocinando y a los varones con su portafolios.

El gobierno de la derecha no ha entendido que desde los libros de preescolar se debe inculcar una nueva cultura de la igualdad y en contra de la violencia, a fin de romper con estereotipos en los que se ubican a los niños jugando con cochecitos y a las niñas con muñecas.

En los casi seis años de la actual administración, la política educativa ha sido una mera continuación de los dos sexenios priístas que le antecedieron sin avances en los temas fundamentales, como el de la descentralización, evaluación y reformas al currículo nacional.

El Feminicidio

En este sexenio panista, el gobierno federal tampoco fue capaz de establecer una política integral para enfrentar el problema, mientras los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua se extienden a otras entidades del país, como Chiapas, Veracruz, Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Morelos y Sinaloa.

En el tema de la violencia se debe tener sensibilidad, pero también voluntad política; es necesario adoptar compromisos más tangibles para realizar acciones más contundentes e incidir en la violencia contra las mujeres.

El movimiento feminista ha denunciado que este gobierno panista se distinguió por la ausencia de una estrategia eficaz para reducir y erradicar la violencia e impulsar la equidad de género lo que implica necesariamente, cambios estructurales educativos (en la discriminación por género), económicos (la pobreza, el desempleo, la exclusión) y políticos (la impunidad, las fracturas en la legalidad y la legitimidad de ejercicio del poder).

Mortalidad Materna

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una vergüenza para cualquier país que el fenómeno de la mortalidad materna siga ocurriendo.

Se estima que en México al menos cuatro mujeres mueren al día por complicaciones del embarazo, parto y puerperio --los 40 días después del parto--, las cuales son totalmente prevenibles con una oportuna atención médica. Entre las causas más comunes de mortalidad materna se encuentran las hemorragias, abortos e hipertensión arterial.

En este rubro, el gobierno panista se quedó corto, pues no se abordaron de manera decisiva problemas trascendentales para las mujeres como el de la muerte materna y salud sexual y reproductiva, en tanto que los presupuestos etiquetados con perspectiva de género y la atención a VIH/Sida quedaron sólo en promesas.

Ello implicó, que el tema de la muerte materna prácticamente siga sin cambio. Las cifras actuales son un reflejo de la falta de políticas encaminadas a evitar que continúen fallecimientos que pudieron evitarse.

Los programas presupuestales están administrados en bolsas muy amplias, lo que no permite saber en qué se van a gastar los recursos. Esto crea una gran discrecionalidad, porque no hay claridad de cuánto se ha avanzado para erradicar problemas como por ejemplo, cáncer de mama y cérvicouterino.

Cabe recordar que el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados para el 2005 asignó cuantiosos recursos al gasto social. En teoría, las mexicanas, que representan más de la mitad de la población, debían ser las más beneficiadas al haberse autorizado montos adicionales a programas especiales en rubros como salud, educación y desarrollo rural. Lamentablemente, la realidad es otra.

Según estadísticas del Sector Salud, en el 2004 murieron más de mil 200 mexicanas por complicaciones del embarazo y parto; no obstante desde hace 15 años la cifra (mil 400) no ha variado en nuestro país y, mientras que Nuevo León ocurre una muerte por cada seis mil embarazos, las cifras se quintuplican en estados con alta pobreza y marginación, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

06/SL/LR