El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) censuró al Banco Mundial y a las instancias financieras internacionales por apoyar económicamente las actividades de la minería del oro y otros metales con impacto para la salud y el ambiente, como la actividad minera en Centroamérica y Perú.

Este organismo ético que concluyó sus actividades este lunes por la noche, con el auspicio de la Fundación Heinrich Böll, sancionó moralmente la expansión de concesiones y actividades mineras en territorios centroamericanos, como sucede en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por favorecer los intereses de compañías trasnacionales en detrimento de los derechos y bienestar de su ciudadanía.

Por omisiones, el gobierno brasileño del estado de Sao Paulo también fue sancionado por el perjuicio ambiental causado al contaminar con desechos resultantes del dragado en la Laguna de Carapicuíba, misma que pone en riesgo la salud y actividades humanas.

También el gobierno panameño fue condenado por permitir el tránsito de barcos con materiales altamente radioactivos a través del Canal de Panamá, como se lo demandó el Tribunal Centroamericano del Agua en su Veredicto de hace dos años cuando se le llamó a cesar esta actividad para prevenir una catástrofe.

En relación con la explotación minera a cielo abierto en Cajamarca, en Perú, el TLA declaró que la empresa norteamericana Minera Yanacocha S.A. es responsable de realizar actividades nocivas para la salud y el ambiente en la región, en contradicción con sus obligaciones constitucionales y éticas de protegerlos.

Por ello, determinaron que la empresa suspenda inmediatamente todas las actividades susceptibles de provocar más daños y la salud de la población, al tiempo de demandar compensaciones a las comunidades e individuos perjudicados por la actividad minera.

El gobierno ecuatoriano y sus autoridades estatales fueron señalados por violar los derechos humanos en la construcción de Proyectos de Embalses Multipropósitos en la cuenca del Río Guayas del país sudamericano, en tanto que los nueve jueces del TLA determinaron responsabilidad de la empresa Celulosa Arauco y Constitución por la mortandad masiva de fauna acuática en Valdivia, Chile por la afectación del Santuario Río Cruces “Carlos Andwandter.”

Y, finalmente en la privatización del agua en El Alto de La Paz, Bolivia, el tribunal ético resolvió reconocer la soberanía del Estado boliviano para decidir sobre la concesión de aguas otorgada a AISA y, particularmente, respecto de las consecuencias jurídicas inherentes al incumplimiento del contrato por parte de dicha empresa.

También consideró improcedente cualquier intento de la empresa Suez Lyonnaise des Eaux y/o sus empresas subsidiarias de recurrir a instancias internacionales para dirimir las pretensiones de compensación por la terminación de la concesión.

De esa manera concluyó hoy el Tribunal Latinoamericano del Agua, luego de ocho días en que organismos no gubernamentales demandaron justicia ambiental y el respeto al derecho al agua, como derecho de los seres humanos, en el que también se sancionó al gobierno mexicano por casos nacionales.

06/SJ/MR