El tiempo corre y la falta de atención médica a las mujeres que permanecen detenidas por el conflicto de San Salvador Atenco, provoca una ola de indignación ante los testimonios que apenas empiezan a investigar desde la Fiscalía Especial contra Delitos Violentos a Mujeres.

Alicia Pérez Duarte dijo hoy vía telefónica a Cimacnoticias que la fiscalía a su cargo, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la averiguación AP/Fevim/03/05-2006 por tener elementos suficientes para seguir la investigación a las agresiones sexuales.

Sin embargo, la funcionaria insistió en que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia formal por parte de las agraviadas a pesar de que anteriormente, declaró sobre la necesidad de contar con las denuncias de las afectadas para dar un mayor peso a la investigación.

Por otro lado, la abogada Marta Figueroa, que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de mujeres tzeltales en la zona zapatista en 1994 advirtió que siguen en prisión seis mujeres sin atención médica confiable por lo que algunas presentan signos de infecciones vaginales y corren el riesgo de embarazo luego de la violación.

Las mujeres que participan activamente en los movimientos políticos, advirtió, resultan doblemente transgesoras y, por tanto, atacadas. Cuando denuncian “no se les cree porque las mujeres no somos dignas de crédito.”

Lo anterior luego de la reunión en la que 15 organizaciones y redes feministas en México pidieron un pronunciamiento al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ante las irregularidades en los desalojos y detenciones el pasado 3 y 4 de mayo en el que se reportaron por lo menos 16 agresiones sexuales y siete violaciones.

En el documento que entregaron al representante en México de la Alto Comisionado, Amérigo Incalcaterra, reiteran que las violaciones a mujeres por parte de policías, constituyen “una clara violación por parte del Estado Mexicano a distintos tratados regionales e internacionales de derechos humanos”.

“Las autoridades estatales y federales de distintas instancias de gobierno han reaccionado de manera sexista y discriminatoria que desafortunadamente vemos presente en diversos casos que involucran violencia contra las mujeres y violaciones a sus derechos humanos,” indican las organizaciones en relación a las descalificaciones a los testimonios por parte de funcionarios estatales y federales.

Continuarán las acciones de apoyo y preparan el caso para llevarlo ante la CIDH, a fin de buscar rendición de cuentas por parte de funcionarios federales y estatales, se investigue y sancione a los responsables.

Católicas por el Derecho a Decidir, Red de Género y Medio Ambiente, Ciudadanas en Movimiento por la Democracia, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Artemisa, Salud Integral para la Mujer (Sipam) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad son algunas de las organizaciones convocantes.

06/MR/LR