El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México solicitó que se investiguen las denuncias a derechos humanos ocurridas en San Salvador Atenco los primeros días de mayo y se refirió en particular a las violaciones sexuales cometidas contra mujeres.

“El estado no podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emregencia para justificar el quebrantamiento de estas normas,” asegura un comunicado del Alto Comisionado en México en relación a los derechos humanos fundamentales.

El Alto Comisionado, representado en México por Amérigo Incalcaterra solicitó pronta investigación por los acontecimientos violentos acaecidos luego de “recibir información sobre la muerte de un manifestante, posibles actos de tortura, malos tratos, lesiones, abusos y violaciones sexuales, así como varias decenas de personas golpeadas.”

“La oficina condena todo tipo de manifestaciones violentas, por más legítimo que pueda ser el reclamo y lamenta las lesiones que habrían sufrido agentes de la policía”, asienta el comunicado.

Pero “reitera que el uso desproporcionado e indebido de la fuerza por parte de servidores públicos demerita el respeto y la efectiva realización de los derechos humano se impacta de manera negativa la vigencia del estado democrático de derecho en México”.

Los funcionarios encargados de que se cumpla la ley deben proteger la dignidad humana y que ninguna orden de un superior justifica la comisión de actos de tortura, sostiene el documento.

Cabe recordar que el Alto Comisionado recibió comunicados y se reunió con organizaciones de derechos humanos. Un ejemplo fue con 15 organizaciones y redes feministas en México que le pidieron un pronunciamiento ante los reportes por lo menos 16 agresiones sexuales y siete violaciones.

En el documento que entregaron al representante en México de la Alto Comisionado, Amérigo Incalcaterra, reiteran que las violaciones a mujeres por parte de policías, constituyen “una clara violación por parte del Estado Mexicano a distintos tratados regionales e internacionales de derechos humanos”.

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