Al presentar el informe Recuento de Daños a las libertades informativas en 2005, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, llamó la atención sobre el aumento de procesos legales en contra de comunicadores, como el que vive la periodista Lydia Cacho por presunta difamación.

La demanda de Lydia Cacho, que involucra al empresario libanés Kamel Nacif por su mención en el libro Los Demonios en el Edén sobre una red internacional de pederastas constituye, “un caso paradigmático de lo que significa el ejercicio periodístico para enfrentar a los poderes económicos y políticos”.

También incluyo el caso contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat, demandados por la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún en el informe realizado también por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

A su vez, el presidente de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, indicó que de acuerdo con el informe anual, 2005 es el año con mayor índice porcentual de ataques a periodistas en el último lustro, al registrarse cinco asesinatos y una desaparición, tres de ellos aparentemente perpetrados por la mafia del narcotráfico.

Indicó casos como el conflicto político-laboral del periódico Noticias de Oaxaca, así como el bloqueo informativo y publicitario a La Jornada San Luis.

Martínez refirió que las agresiones físicas ya no están en primer lugar, sin embargo, las amenazas y actos de intimidación ocupan el 35 por ciento de incidencias (10 por ciento más que en 2004), como los hechos más recurrentes por los poderes formales e informales para inhibir el libre ejercicio periodístico.

Dijo que hubo 93 incidentes contra las libertades informativas en todo el país: 76 por ciento fueron ataques públicos o embozados a periodistas; 18 por ciento fueron casos de inhibiciones o presiones a informadores, y el resto, ataques y eventos inhibitorios a medios.
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